Abril de 1965, 61 años después: los documentos que cerraron una guerra

Una revolución constitucional, una intervención extranjera y las secuelas que todavía perduran

Por: Valentín Ciriaco Vargas

                                                                                       Opinión 

"Porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece."

Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, discurso pronunciado durante la entrega del Gobierno el 3 de septiembre de 1965.

I. Introducción: Sesenta y un años después: volver a Abril

La Guerra de Abril de 1965 no es un episodio cerrado de la historia dominicana. Es una herida que el país aún no ha terminado de suturar.

Seis décadas después, el desafío ya no es narrar de nuevo lo que ocurrió, eso ya se ha hecho, con rigor y con pasión, sino releerlo a la luz de documentos y archivos que hoy permiten observar aquella tragedia nacional desde ángulos que en su momento no estaban disponibles, o que estaban ocultos a propósito.

Abril de 1965 fue, a la vez, una crisis constitucional, una revolución popular, una guerra civil, una intervención extranjera y un episodio de la Guerra Fría. Ninguna de esas lecturas agota a las demás.

Y todas ellas convergen en dos fechas que la historia dominicana suele mencionar de pasada, pero que merecen ser miradas de frente: el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 1965, cuando dos documentos, el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional, pusieron fin, sobre el papel, a una guerra que las armas ya no podían resolver.

Este artículo no pretende reconstruir la cronología de los combates. Tampoco se limita a celebrar o a lamentar.

Lo que propone es leer esos dos documentos como textos políticos vivos, capaces de revelar no solo lo que se acordó, sino lo que se omitió, lo que se traicionó y, sobre todo, qué de aquel pacto sigue gravitando sobre la República Dominicana 61 años después.

La pregunta que articula estas páginas es sencilla de formular y compleja de responder: ¿qué acordaron realmente Caamaño y García-Godoy en esos días de finales de agosto y comienzos de septiembre, y qué consecuencias, visibles e invisibles, de aquellos acuerdos determinan todavía hoy el modo en que el país se relaciona con su propia democracia?

II. Las raíces de la crisis

Para entender por qué dos gobiernos dominicanos necesitaron firmar la paz entre sí en 1965, hay que retroceder al triunfo electoral de Juan Bosch en diciembre de 1962, la primera elección verdaderamente libre del país en más de tres décadas.

Bosch gobernó apenas siete meses, del 27 de febrero al 25 de septiembre de 1963, bajo la Constitución de 1963, un texto que introducía derechos sociales y económicos entonces inéditos en la tradición jurídica dominicana y que despertó tanto esperanza popular como recelo en sectores empresariales, militares y eclesiásticos que lo interpretaron como una apertura peligrosa hacia la izquierda.

El 25 de septiembre de 1963, un golpe de Estado militar derrocó a Bosch y disolvió el orden constitucional recién estrenado.

Le siguió un Triunvirato civil-militar que gobernó con creciente autoritarismo durante casi diecinueve meses, mientras crecía en las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil un movimiento que reclamaba, ante todo, el retorno a la legalidad de 1963.

Dentro de esas Fuerzas Armadas convivían dos proyectos irreconciliables.

Por un lado, oficiales como el general Elías Wessin y Wessin, que encarnaban la resistencia más dura al constitucionalismo y que, llegado el momento, no dudarían en bombardear su propia capital para impedir el regreso de Bosch.

Por otro, un sector minoritario pero decisivo de mandos medios, entre ellos el propio Caamaño, que optó por sublevarse en defensa de la Constitución depuesta.

Mientras tanto, desde el exilio, Joaquín Balaguer observaba y esperaba: su momento no llegaría con las armas de abril, sino con las urnas de 1966.

El 24 de abril de 1965 estalló la insurrección constitucionalista, una rebelión que combinó a militares leales a la legalidad de 1963 con un amplio movimiento popular armado.

En cuestión de horas, la demanda de restitución constitucional se transformó en una confrontación militar abierta entre dos bandos dominicanos.

III. La guerra se internacionaliza

Lo que había comenzado como una crisis esencialmente dominicana no tardó en ser leída en Washington bajo el prisma de la confrontación Este-Oeste.

El 28 de abril, cuatro días después de iniciada la revolución y cuando el bando constitucionalista llevaba ventaja militar, el gobierno de Estados Unidos desembarcó tropas en Santo Domingo.

La justificación oficial invocó la protección de vidas de ciudadanos estadounidenses. A medida que avanzaba la ocupación, que llegaría a superar los 40,000 efectivos, se sostuvo abiertamente en el argumento de contener una supuesta amenaza comunista.

Los documentos desclasificados del gobierno estadounidense, hoy disponibles en la colección Foreign Relations of the United States, permiten calibrar esa preocupación más allá del discurso público.

El 1 de septiembre de 1965, dos días antes de la firma del Acto Institucional, altos funcionarios se reunieron en Washington bajo el título "Comunistas en la República Dominicana".

En ese encuentro, el director de la CIA, William Raborn, describió la situación como preocupante, y el director del FBI, J. Edgar Hoover, calculó que había entre 200 y 300 comunistas duros, entrenados y capacitados en el país que intentarían reclutar descontentos.¹

Esa misma reunión decidió montar un comité especial, coordinado con la propia embajada, para manejar el "problema comunista" ante el nuevo gobierno de García-Godoy.

Existía, sin duda, una presencia de sectores comunistas y una influencia cubana real dentro del constitucionalismo de 1965. Sería tan impreciso negarlo como reducir todo el movimiento a esa etiqueta.

Lo que los archivos añaden no es que la amenaza fuera inventada, sino que Washington ya calculaba, con nombres, cifras y comités, cómo administrar políticamente esa cuestión mientras dominicanos de ambos bandos firmaban en Santo Domingo un pacto de reconciliación nacional.

La brecha entre lo que se decía en público y lo que se decidía puertas adentro no es una anécdota, es la clave para entender por qué las promesas de septiembre tardarían tan poco en resquebrajarse.

IV. El camino a la mesa de negociaciones

Hacia mediados de 1965, ninguno de los dos bandos podía imponerse militarmente al otro.

Los constitucionalistas resistían con tenacidad en la llamada Zona Constitucionalista de Santo Domingo, pero carecían de capacidad para desalojar a las fuerzas de ocupación y a sus aliados dominicanos.

El gobierno de facto y sus patrocinadores extranjeros, por su parte, no lograban quebrar la resistencia popular sin un costo político creciente, tanto interno como continental.

En ese punto muerto intervino la Comisión Ad-Hoc de la Organización de Estados Americanos, integrada por los embajadores Ellsworth Bunker (Estados Unidos), Ramón de Clairmont Dueñas (El Salvador) e Ilmar Penha Marinho (Brasil).

Caamaño, lejos de la imagen exclusivamente militar con que suele recordársele, se reveló también como negociador. Aceptó ceder terreno político para preservar lo que llamó, en su discurso de despedida, "parte del tesoro de democracia" que el movimiento de abril había alcanzado a construir.

Él mismo lo reconocería después, sin ambages: no cedieron porque la OEA ofreciera más democracia de la que ya perseguían, sino porque la correlación de fuerzas, cuarenta mil soldados extranjeros de por medio, no dejaba otra salida que negociar.

Un factor poco explorado en esos meses fue la diplomacia vaticana. Pablo VI, que tenía prevista una visita a Santo Domingo en marzo de 1965, suspendida por el estallido de la crisis, se refirió meses después, en su discurso del 25 de noviembre de 1965 al nuevo embajador dominicano ante la Santa Sede, a "los esfuerzos realizados para mantener y consolidar la paz" en el país.² Algunas lecturas recientes atribuyen a esa diplomacia discreta un papel en contener el alcance de la intervención, aunque esa interpretación aún carece de respaldo archivístico específico.

V. El Acta de Reconciliación Dominicana, 31 de agosto de 1965

El primer documento en firmarse fue el Acta de Reconciliación Dominicana, suscrita el 31 de agosto de 1965. La firmaron, del lado constitucionalista, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, Jottin Cury, Héctor Aristy y Salvador Jorge Blanco. Del lado del gobierno de facto, los comodoros Francisco Rivera Caminero y Ramón Emilio Jiménez, y los generales Hernán Despradel Bracho y Juan de los Santos Céspedes. Como garantes, los tres embajadores de la Comisión Ad-Hoc de la OEA: Ellsworth Bunker (Estados Unidos), Ramón de Clairmont Dueñas (El Salvador) e Ilmar Penha Marinho (Brasil).

El acuerdo resolvía, ante todo, la cuestión más urgente: cómo desmontar dos ejércitos enfrentados sin que ninguno se sintiera derrotado.

Sus disposiciones centrales establecían que los militares que habían combatido en la Guerra de Abril debían reintegrarse a sus cuarteles, mientras que los oficiales superiores que así lo prefirieran podrían salir del país con la asistencia del gobierno provisional que se instalaría, una fórmula de exilio negociado que evitaba represalias inmediatas, pero que también sacaba de circulación a buena parte del liderazgo militar constitucionalista.

El acta preveía además el desarme progresivo de la población civil y aceptaba que la Fuerza Interamericana de Paz, el eufemismo bajo el que la OEA había revestido a las tropas de ocupación, permanecería en territorio dominicano hasta la celebración de elecciones generales.

Leído solo como texto jurídico, el Acta de Reconciliación es un documento técnico de desmovilización.

Leído como resultado de una correlación de fuerzas, cuenta otra historia: el bando constitucionalista obtuvo garantías de seguridad personal para sus combatientes y la promesa de una salida electoral, pero renunció a la permanencia armada de su liderazgo y aceptó, aunque fuera de manera transitoria, la presencia continuada de tropas extranjeras en suelo dominicano.

Fue una paz posible, no la paz que el movimiento de abril había buscado con las armas.

VI. El Acto Institucional, 3 de septiembre de 1965

Tres días después, el 3 de septiembre, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó compareció ante el Congreso Nacional para renunciar formalmente a la presidencia constitucional que ese mismo Congreso le había conferido el 3 de mayo, y transfirió el poder al gobierno provisional que encabezaría el diplomático Héctor García-Godoy.

Ese mismo día quedó firmado el Acto Institucional, el segundo de los dos documentos que cerraron formalmente la guerra.

El Acto Institucional no era un simple protocolo de transición: funcionó, durante más de un año, como la Constitución provisional de la República Dominicana.

Su arquitectura, cuatro partes y 55 artículos, tomaba como referencia directa la Constitución de 1963, en un gesto que no era casual. El nuevo marco jurídico reconocía, aunque fuera parcialmente, la legitimidad del proyecto constitucional que la revolución de abril había defendido con las armas.

Su segunda parte trataba de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La tercera, del proceso electoral que debía normalizar la vida política del país. La cuarta, de las disposiciones generales de gobierno durante el interinato.

El artículo 55, último del texto, disponía que, entre la instalación del gobierno electo y la promulgación de una nueva Constitución, regirían las disposiciones de la Constitución de 1963 relativas a los poderes Legislativo y Ejecutivo, un puente jurídico explícito entre el orden derrocado en 1963 y el que debía nacer de las urnas.

El Acto Institucional garantizaba, sobre el papel, elecciones libres en un plazo breve, el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, el regreso de los exiliados políticos y el derecho de todo dominicano a vivir en su país sin temor a la deportación.

Rigió, en efecto, hasta el 28 de noviembre de 1966, cuando entró en vigor la nueva Constitución promulgada bajo la presidencia ya electa de Joaquín Balaguer.

VII. Lo firmado y lo cumplido

Entre lo que ambos documentos prometieron y lo que efectivamente ocurrió medió una distancia que ningún acto de firma pudo cerrar por sí solo.

La reunión de Washington del 1 de septiembre, descrita en la sección III, es, en ese sentido, reveladora por su cronología: mientras en Santo Domingo se negociaban las últimas cláusulas del Acto Institucional bajo la mediación de la OEA, en la capital estadounidense se decidía, en paralelo y sin conocimiento del público dominicano, montar un comité destinado a vigilar y contener a los sectores de izquierda del nuevo gobierno provisional.

Las garantías del Acto Institucional nacían, así, bajo una supervisión que el propio texto no mencionaba.

Las primeras fricciones no tardaron en manifestarse. La desmovilización pactada en el Acta de Reconciliación resultó, en la práctica, profundamente asimétrica: mientras buena parte del liderazgo militar constitucionalista optó por el exilio negociado, los oficiales del bando opuesto a la revolución conservaron intacta su estructura de mando dentro de unas Fuerzas Armadas que el Acto Institucional no había reformado.

El propio Caamaño, a pesar de ser el firmante principal de ambos acuerdos, terminó saliendo del país meses después, nombrado embajador en Londres por el gobierno de García-Godoy, una fórmula de alejamiento diplomático que muchos de sus antiguos combatientes interpretaron como un exilio disfrazado.

Pero el resquebrajamiento del pacto no fue solo lento y administrativo. También fue violento e inmediato.

El 19 de diciembre de 1965, en el hotel Matún de Santiago de los Caballeros, el coronel Caamaño y parte de su equipo fueron atacados por fuerzas que tenían la intención de asesinarlo. Fue un golpe directo contra la figura que había firmado la paz, un mensaje claro de que los acuerdos de agosto y septiembre no garantizaban la seguridad de quienes los habían hecho posibles. El pacto, en ese momento, dejó de ser una promesa para convertirse en blanco.

Esa salida no fue un hecho aislado, sino el síntoma de una vulnerabilidad estructural: el pacto de 1965 había logrado detener la guerra, pero no había resuelto la correlación de fuerzas que la había originado.

El bando que se impuso militarmente el 25 de septiembre de 1963, el que dio el golpe contra Bosch, conservaba en 1966 buena parte de su influencia institucional, mientras el constitucionalismo que había combatido y muerto por la Constitución de 1963 llegaba a las elecciones de junio de 1966 debilitado, desmovilizado y sin su principal referente militar en el país.

Y no llegaba solo bajo el miedo: llegaba bajo la presencia de tropas extranjeras que seguían ocupando el territorio, con sus botas sobre el suelo dominicano mientras los dominicanos votaban.

VIII. 1965 después de 1965

Las elecciones de junio de 1966, celebradas bajo el marco del Acto Institucional y bajo la sombra de las botas invasoras que aún no habían abandonado el territorio, dieron el triunfo a Joaquín Balaguer sobre Juan Bosch.

El resultado no fue solo una victoria electoral: fue la consolidación de una asimetría que el Acta de Reconciliación no había resuelto, sino postergado.

Se inauguraba así el ciclo conocido como los Doce Años de Balaguer, que se extenderían desde 1966 hasta 1978, y que reconfigurarían el poder dominicano mediante un modelo de gobierno que muchos historiadores dominicanos, entre ellos Roberto Cassá y Frank Moya Pons, han documentado como una de las etapas más oscuras de la historia contemporánea del país. Cassá, en un balance reciente sobre el 60 aniversario, ha planteado que abril de 1965 fue una revolución aplastada por la intervención, cuyo desenlace institucional se tradujo no en el desmontaje, sino en la reorganización del poder tradicional bajo una nueva "contrarrevolución"³

En el plano militar, la reorganización de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno provisional de García-Godoy, documentada en los decretos de la Gaceta Oficial de septiembre de 1965, no desmontó, sino que reordenó, la influencia castrense sobre la política dominicana.

Los oficiales del bando que había combatido contra la Constitución de 1963 no fueron sancionados ni depurados: fueron promovidos. Esa misma estructura de mando salió intacta del proceso de paz, sin depuraciones ni sanciones. Esa dinámica institucional se prolongaría mucho más allá de 1966.

Pero la herencia más devastadora del pacto desigual no fue institucional: fue humana.

Los Doce Años de Balaguer se tradujeron en un sistema de terror de Estado que incluyó crímenes políticos, desapariciones forzadas, exilios masivos, encarcelamientos arbitrarios, fraudes electorales sistemáticos, y la violación persistente de los derechos humanos y de la libertad de expresión.

Quienes habían combatido por la Constitución de 1963 fueron perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Quienes habían dado el golpe contra Bosch, o habían apoyado la intervención extranjera, ocuparon los cuarteles, los ministerios y los escaños del Congreso. La paz de 1965 no solo no castigó a los responsables del golpe de 1963: los recompensó con el poder.

En el plano social, la guerra dejó una herida que el acuerdo firmado no cerró: la memoria dividida de los combatientes, el peso del exilio y la persecución sobre buena parte de una generación, y la construcción de relatos distintos, heroico, trágico, ambivalente, sobre lo que realmente significó abril de 1965 para el país.

Los documentos de agosto y septiembre habían prometido una salida democrática, pero la salida que efectivamente se produjo fue la de una democracia vigilada, condicionada y, en los hechos, violentada durante más de una década.

IX. Conclusión: Abril no terminó cuando dejaron de disparar

La Guerra de Abril tuvo un desenlace militar el día en que las armas callaron, pero tuvo también un desenlace político, jurídico e internacional que se prolongó mucho más allá de esas dos firmas de agosto y septiembre.

Fue, a un tiempo, una revolución dominicana y un episodio de la Guerra Fría; una gesta constitucional y una intervención extranjera; un acuerdo de paz y el origen de una nueva desigualdad política.

Los archivos que hoy pueden consultarse, dominicanos y extranjeros, no destruyen la memoria que el país ha construido sobre abril de 1965; la confrontan, la matizan, la hacen más compleja.

Desde que Caamaño devolviera al pueblo el poder que el pueblo le había dado, la pregunta que verdaderamente importa no es solamente qué ocurrió aquellos días, sino qué República Dominicana surgió de aquella guerra, de aquella intervención y de aquellos dos documentos que, sin poder cerrar del todo la herida, al menos lograron administrarla.

Post Scriptum: La herencia que no se firmó

Sesenta y un años después, los documentos del 31 de agosto y del 3 de septiembre de 1965 siguen siendo, ante todo, un texto de transición: lograron lo que las armas no podían, detener la matanza, pero no lograron lo que la política exigía, refundar las reglas del juego sobre bases más equitativas.

La República Dominicana que emergió de aquellos acuerdos no fue la que soñaron quienes combatieron por la Constitución de 1963, pero tampoco fue la que temían quienes invocaron el comunismo para justificar la intervención.

Fue, en cambio, una República "donde la democracia se restauró", pero sobre unas Fuerzas Armadas que no habían sido reformadas, sino reordenadas; donde la paz se compró con la desmovilización de un bando y la preservación del otro; donde el retorno a la legalidad coincidió con la salida del país de quienes habían defendido esa legalidad con las armas.

La respuesta, leída desde 2026 y a la pregunta que articulaba estas páginas, es que la asimetría que el Acta de Reconciliación no resolvió, la desigualdad de condiciones entre los bandos al momento de la paz, se convirtió en una estructura política que perduró mucho más allá de 1966.

Los documentos de 1965 cerraron una guerra, pero dejaron abierta una deuda: la de una democracia dominicana que aún no ha terminado de reconciliarse con su propia historia.

Notas

1. Memorando de conversación "Communists in the Dominican Republic", 1 de septiembre de 1965, en FRUS, 1964-1968, vol. XXXII, República Dominicana.

2. Discurso de Pablo VI al Embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, 25 de noviembre de 1965, vatican.va.

3. Roberto Cassá, "La Revolución de Abril en las tendencias de largo plazo de la sociedad dominicana contemporánea", Revista ECOS UASD, Año XXXII, Vol. 2, No. 30 (2025), pp. 123-137.

Nota del autor

Los datos documentales de este artículo provienen de la colección Foreign Relations of the United States (FRUS, 1964-1968, vol. XXXII, República Dominicana), del Archivo General de la Nación de la República Dominicana (Acta de Reconciliación y Acto Institucional de 1965), de la Gaceta Oficial de septiembre de 1965, y de las obras de Roberto Cassá (Los doce años) y Frank Moya Pons (Manual de historia dominicana).

Todos los hechos aquí narrados son verificables en dichas fuentes.