SANTO DOMINGO, RD.- Los Ministerio Público y de Trabajo aunaron esfuerzos para articular acciones tendentes a prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata y tráfico laboral en el país, así como para proteger a las víctimas y garantizar sus derechos.
Con ese objetivo, se rubricó un acuerdo interinstitucional entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, quienes ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para continuar con la lucha contra de esta problemática social.
En la firma de este acuerdo, el ministro de Trabajo expresó que esta colaboración interinstitucional no es más que un paso adicional dentro de los muchos avances que ya se han materializado, como son la formalización del acuerdo para la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.
“Tenemos la expectativa de que, a partir de las reformas que el Gobierno central ha estado impulsando, entre ellas, la de la modernización del Código de Trabajo, se fortalecerán las capacidades del Ministerio de Trabajo. Junto con este fortalecimiento de las relaciones con el Ministerio Público, estamos convencidos que los flagelos que pudieran amenazar a nuestro país en algún momento podrán ser eliminados y reducidos”, sostuvo el ministro.
En tanto que, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que la trata de personas y el tráfico humano no son solo problemas legales; son violaciones a la dignidad humana que afectan a miles de personas en nuestro país, situación a la que debe actuarse con urgencia y contundencia.
“Es por esto que nos comprometemos a establecer una cooperación interinstitucional que no solo facilite la prevención y la investigación de estos delitos, sino que también asegure la protección de las víctimas con oportunidades de reinserción laboral”, añadió la procuradora Miriam Germán Brito.
Entre los esfuerzos a realizar se proyectan acciones formativas por medio de talleres y capacitaciones conjuntas para identificar, prevenir y atender estos casos, así como el diseño y ejecución de campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población sobre los riesgos de la trata y tráfico laboral de personas, con miras a la investigación y el sometimiento a la justicia de los responsables.
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