Imagen de archivo
SANTIAGO, RD.- La Fiscalía de Santiago arrestó y solicitó medidas de coerción contra una mujer que vendió a terceros dos vehículos que adquirió bajo contrato de arrendamiento en una agencia de alquiler de vehículos.
En la instancia de solicitud de medida depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la Fiscalía solicita que se imponga la prisión preventiva en contra de la imputada Amanda Tejada de la Cruz.
En la solicitud se establece que la misma rentó el vehículo Jeep marca Honda CRV Touring, color blanco, año 2015 y, más tarde, el carro Hyundai, modelo Sonata LF, color gris a la Agencia LR Rent a Car, propiedad de la víctima, Luis Carlos Rodríguez Hernández y los vendió a dos personas por separado en la provincia Sánchez Ramírez y en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
A raíz del hecho, del que la víctima sospechó cuando no pudo acceder a la ubicación del primer vehículo rentado, marca Honda, cuyo sistema de GPS fue desactivado, y luego de la llamada de un fiscal del distrito judicial de Sánchez Ramírez, quien le informó de la ocupación de un vehículo a su nombre, se puso en marcha la acción penal contra la investigada.
La imputada también cedió en venta el vehículo Hyundai Sonata a otro hombre del municipio Bonao.
Luego de identificar a la imputada, la Fiscalía de Santiago tramitó en su contra las correspondientes órdenes de arresto, allanamiento y secuestro de los vehículos fraudulentamente vendidos y se procedió con su ejecución.
El órgano investigador, con el apoyo operativo de agentes de la Policía Nacional, ejecutó el allanamiento autorizado bajo la orden número 2024 – AJ001521, en el domicilio de la imputada, en el sector Colorado, del municipio de Santiago, donde sorprendió a la imputada escondida en el closet de la habitación principal, contra quien se le ejecuta la orden de aprehensión número 04985- 2024.
De manera provisional la Fiscalía le imputa a la mujer la violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano por abuso de confianza.
Las pesquisas están a cargo de un equipo de investigadores encabezados por el fiscalizador Pablo Rubén Díaz, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de esta Fiscalía de Santiago.
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