Por: Luis D. Santamaria/Mi Observatorio
Es totalmente inaceptable y un atrevimiento de Amnistía Internacional de acusar a la República Dominicana de supuestamente violar los derechos humanos de las personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras.
Decir que en República Dominicana se violan los derechos de los haitianos es una mentira como del cielo a la tierra, que lo que busca es dañar insolentemente la imagen del país en playas extrajeras, cosa que no merecemos como país.
Amnistía Internacional hace muy mal en enviarle una misiva al presidente, Luis Abinader y otras instituciones de violar también la “racializada” de personas haitianas y dominicanas”.
Recordó que “el propio Gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional».
“Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Indicó que “la drástica decisión del Gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”.
En la carta, Amnistía Internacional destaca que “la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo niños, niñas y mujeres embarazadas y puérperas”.
Instó a las autoridades a que «se aseguren de que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a que reanuden las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en República Dominicana».
Pidió también «investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas; abstenerse de detener y deportar mujeres embarazadas, niños y niñas y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos».
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”, dijo Piquer.
Agregó que “en este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”.
Amnistía Internacional trasladar su radio de acción hacia el propio Haití y desde allí enfrentar directamente donde verdaderamente se violan todos los derechos humanos. Que vayan allí a lidiar con las pandillas armadas que si son violadores a todos los niveles.
El autor es periodista. Reside en Monte Plata
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