En un acto que estuvo encabezado desde el auditorio de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo y que fue seguido vía internet desde los recintos, los graduandos prestaron juramento ante Rodolfo Espiñeira Ceballos, procurador adjunto, Patricia Lagombra Polanco, coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, e Ysmael Paniagua, director general de la Escuela Nacional Penitenciaria.
El
magistrado Espiñeira Ceballos, que representó a la procuradora general de la
República, Miriam Germán Brito, felicitó a los graduandos y les agradeció por
haber escogido esta carrera, con la que se labrarán un futuro en el sistema de
justicia al tiempo que contribuirán con el fortalecimiento del Modelo
Penitenciario que se inició en el país en 2003.
Resaltó,
además, que esta modalidad pone alto enfoque en la humanización del sistema
penitenciario y se ha convertido en un referente en el continente.
En
su intervención, el director de la Escuela Nacional Penitenciaria resaltó la
trascendencia del rol de los VTP en el proceso de rehabilitación de las
personas que han entrado en conflicto con la ley. “Para esta Procuraduría
General de la República es un gran orgullo poder integrar hoy a 269 hombres y
mujeres jóvenes que se han formado y capacitado durante un año para trabajar
con los privados de libertad y acompañarlos en su proceso de cumplimiento y
rehabilitación con dignidad, respeto a sus derechos humanos y sobre todo con un
gran respeto hacia las personas que ofendieron con sus faltas, crímenes y
delitos”, ponderó Paniagua.
Los
tres funcionarios entregaron la Medalla al Mérito al agente penitenciario Jairo
Jiménez Pérez, por ser quien más lauros acumuló durante el proceso de
formación, en el que se destacó por su disciplina. En su discurso de
agradecimiento, Jiménez Pérez reiteró el compromiso que asumen los 269
graduandos, de trabajar para la libertad, respetando los derechos humanos de
todas las personas privadas de ella.
Con
esta promoción, el sistema penitenciario nacional suma 2,242 agentes de
Vigilancia y Tratamiento, para una población de 10,010 privados de libertad en
los centros de corrección y rehabilitación.
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