MP investiga irregularidades caso Odebrecht
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público informó este domingo que investiga los expediente de 8 de los implicados en el caso Odebrecht que supuestamente fueron archivados de forma irregular por la pasada gestión de ese organismo.
El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Público concurre este lunes al estrado para la audiencia del caso después de entregar a los abogados de los imputados Víctor José Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista García copias de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación del delito.
Deploró que los abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht incurran en el absurdo jurídico de querer escudarse en unos archivos definitivos que están bajo investigación, debido a que fueron dispuestos de manera irregular y en secreto por la pasada gestión de la Procuraduría General de la República, a favor de ocho de los encartados en el expediente.
“Entre las irregularidades que
presentan los archivos definitivos destacan que fueron firmados durante las
vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, no
fueron notificados ni informados a Guerrero Pelletier y el causal en el que
pretenden motivarlos es improcedente, ya que bajo ninguna circunstancia puede
decirse que los delitos imputados no son un tipo penal”, sentenció Camacho.
Explicó
que, pese a ello, el Ministerio Público puso los documentos a disposición de
todas las partes que intervienen en el proceso, al depositarlos vía Secretaría
en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional.
“El Ministerio Público encamina
todas sus acciones procesales al amparo de la transparencia y bajo todas las
garantías procesales de los imputados”, dijo Camacho.
“Sin
embargo, procuramos que la audiencia se conozca superando las tácticas
dilatorias de la defensa de los imputados que, al final, solo prolongan el proceso
judicial en perjuicio de la efectividad en la administración de justicia del
Poder Judicial y de todo el Estado, así como de los intereses de los propios
imputados que se ven sometidos a procesos más largos”, agregó.
En ese
contexto, recordó que la defensa mantiene una actitud enfocada en retrasar la
presentación de la acusación del Ministerio Público. “Con esa intención
recusaron sin ninguna razón jurídica o de carácter personal a todos los
miembros del Ministerio Público que subimos al estrado y solicitaron reposición
de plazos sin ningún fundamento, porque todas sus acciones buscan retrotraer el
proceso a etapas anteriores”, dijo.
Resaltó que
los abogados de la defensa insisten en sus tácticas dilatorias pese al fracaso
de su estrategia frente a los fiscales litigantes, así como al correcto
comportamiento del tribunal dirigido de manera profesional y digna por las
juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El Primer
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional conoce el expediente por el pago de US$92 millones en
sobornos que confesó la firma brasileña Odebrecht para agenciarse la
adjudicación de obras de infraestructura en República Dominicana.
En el
expediente figuran como acusados, además de Díaz Rúa y Bautista García, Ángel
Rondón Rijo, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno
y Tommy Alberto Galán Grullón.
Al igual
que Camacho, la fiscal Mirna Ortiz, ex vicerrectora académica de la Escuela
Nacional del Ministerio Público, deploró que la defensa de los imputados del
caso Odebrecht insista en tácticas dilatorias, “realizando pedimentos
infundados, con el único objetivo de retardar el inicio del conocimiento del
juicio”.
“Se trata
de un acto de irresponsabilidad y de una actitud que debe preocupar hasta a los
mismos imputados que un abogado defensor recuse a todos los miembros del
Ministerio Público que actúan en un proceso sin alegar ninguna causal para
sustentar su despropósito”, dijo.
“También la
solicitud de copias de los archivos definitivos respecto a otras personas
investigadas en la primera fase de un expediente sobre un determinado delito es
otra táctica dilatoria sin fundamento, ya que en derecho penal, cada imputado
se defiende respecto a su propio hecho, no del que se le imputa a otro, un
principio básico de la personalidad de la pena que todos los abogados conocen
bien”, sostuvo Ortiz.
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