La presidenta del CDP,
Mercedes Castillo dijo que los referidos periodistas recibieron de un alguacil
este viernes en hora de la mañana un “acto de advertencia y puesta en mora”, a
nombre del director de la DGA dando un plazo de 24 horas para que la
información sea retirada del portal digital, so pena de ser pasibles de ser
demandados por los daños causados a la imagen de los funcionarios afectados”,
según informaron los periodistas.
“Los periodistas, José
Rivas y Mary Yerlin Paula solo se limitaron hacer uso de una información que le
suministró la fuente, sobre una querella penal en contra de unos funcionarios
públicos, donde de forma objetiva procedieron a publicarla en su periódico
digital”, apuntó la presidenta del CDP, Mercedes Castillo.
La información difundida ni
siquiera se refirió al director actual de la DGA, Sanz Lovatón, por lo que
resulta extraño y sorprendente que sea este funcionario quien esté amenazando
con someter a los indicados periodistas.
El litigio en los
tribunales atribuye a supuestas irregularidades al ex director de la DGA,
Enriquez Ramírez, y a los funcionarios Evelyn Mercedes Escalante, Anny
Elizabeth Alcántara Sánchez, Raisa Soto Mirambeaux, Eduardo Rodríguez
Apolinario, Gabino José Polanco y Santa Marienela Marte.
La
información publicada se refiere a la querella que puso la señora Miguelina
Berroa, quien vino al país a realizar una maestría y “alega en los tribunales
que durante la administración de Ramírez funcionarios de la DGA incautaron
supuestamente de manera irregular un vehículo.
“El CDP quiere llamar la atención del presidente
de la República, Luis Abinader, a los fines que instruya a sus funcionario que
el derecho a investigar, buscar y difundir información veraz y objetiva es un
derecho Constitucional del periodista, máxime cuando se trata de entidades y
funcionarios públicos, que deben y tienen que ser tolerantes con las críticas
en sus contras, pues en el caso que nos ocupa los periodistas, Rivas y Paula
actuaron en ocasión de una denuncia
Los periodistas sin manipulación ni juicio de
valor alguno, solo se apoyaron en sus derechos constitucionales de investigar,
buscar y difundir información sobre hechos de interés públicos, como lo manda
la Carta Política y la Convención Internacional de Derechos Humanos (CIDH)”. Y
el Pacto de Derechos Públicos y Civiles del que somos signatarios los
dominicanos.
Las amenazas, con apenas
días de llegar al cargo, en contra de los periodistas mencionados, preocupan al
CDP y su actual gestión, ya que constituye una amenaza sutil inaceptable con el
fin de posiblemente procurar acallar las voces críticas, lo cual sentaría un
funesto precedente de parte de un partido que llegó al gobierno sobre la base
de las críticas constructivas en favor de la democracia, el estado de derechos
y la libertad de expresión.
Dicha intimación bajo amenazas de demanda
siembra un mal mensaje a todo el periodismo nacional, por lo que le exhortamos
a desistir de sus amenazas, que en nada contribuyen a fortalecer la democracia
y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, sostuvo la presidenta de
los periodistas dominicanos,
"En
cualquier circunstancia, el CDP defenderá el derecho de los periodistas de
ejercer la profesión, a la vez de poner
a su disposición los abogados del Colegio para
su defensa", señaló la presidenta del CDP.
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