Los apresados son una mujer identificada como Silenny Méndez Medina y varios jóvenes que le acompañaban en la travesía.
En nota de presa la DGM señala que mediante un trabajo de inteligencia se descubrió que esta mafia de tráfico de migrantes tiene ramificaciones en el país y en España donde aparentemente fueron falsificados los documentos de viajes de estas personas.El director general de Migración, Enrique García,
explicó, que se determinó que la señora Méndez Medina y sus acompañantes tenían
como soporte de la red a inspectores migratorios en el Aeropuerto Internacional
de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, para lograr su propósito de
salir del país con pasaportes y residencias españolas falsas.
Luego de ser descubierto el plan, la señora Méndez Medina y los jóvenes fueron trasladados, para fines de investigación, a las oficinas de la DGM, pero antes, se les permitió realizar una llamada a sus familiares o personas de confianza, a los fines de comunicarles sobre su situación.
La detención del grupo se produjo el pasado viernes
28 de agosto, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público al día
siguiente.
Enrique García garantizó un estricto cumplimiento
de la Constitución de la República y de la Ley en el presente caso, y advirtió
que, aunque los demás no han caído, ‘‘que sepan que estamos detrás de ellos’’.
La Ley No. 137 sobre tráfico ilícito de migrantes y
trata de personas sanciona con penas de
diez a 15 años de reclusión, y multas no menor de 150 ni mayor de 250 salarios
mínimos, a toda persona que promueva, induzca, constriña, financie, transporte
por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada
o salida ilícita de personas al país.
Explicó que sea como destino u origen, o como
tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin
de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio,
para si u otros”, dijo el director de Migración, por lo que se acoge a su
mandato.
García afirmó que la DGM está comprometida a ejercer un efectivo control sobre la entrada y salida de ciudadanos dominicanos y extranjeros a su territorio, en estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la República.
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