Por Manuel Hernández Villeta/
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| Opinión |
Las fallidas elecciones municipales, lanzan al país a una gran
crisis política. Solo será posible salir de este laberinto mediante un gran
consenso nacional de todas las fuerzas políticas. Sin esa alianza, entraremos a
tierra enjabonada, donde el futuro luce en nebulosa.
La Constitución de la República no plantea soluciones a la crisis.
Lo único que dice sobre las elecciones municipales es que se deben celebrar el
tercer domingo de febrero, y que los ganadores deben ser juramentos el 24 de
abril. Fuera de ahí, solo la concertación permitirá lograr salidas.
No puede en forma administrativa y unilateral la Junta Central
Electoral fijar fecha de las nuevas elecciones. Hacerlo entraría en el terreno
de la ilegalidad, y podría ser llevada al Tribunal Constitucional para su
conocimiento final.
La única solución a la presente crisis, es que haya un consenso
entre todos los sectores políticos y empresarios, para encontrar una acción
colectiva, que podría llevar a una modificación constitucional. Aunque se
podría aceptar una nueva fecha de elecciones por la vía administrativa.
Es la primera vez en la historia dominicana donde se suspende un
proceso electoral. En consecuencia no hay jurisprudencia ni historial en ese
sentido. La solución no la puede aportar hoy la JCE, sino la colectividad
política y empresarial.
Lo ideal para evitar mayores fracturas es que el próximo proceso
lo dirijan los actuales miembros de la JCE. Obligar a que renuncien los jueces
electorales, lanzaría al país al vacío, buscando fórmulas que modificarían el
mapa político nacional.
Pero en la cartilla de los partidos políticos esta la renuncia de
los jueces electorales. Habría que ver bajo que labor de entendimiento los
partidos políticos podrían designar a los nuevos jueces electorales y sus suplentes.
Para los empresarios la destitución de los jueces actuales no es solución.
Si en algo actuaron con corrección los jueces electorales, fue en
la suspensión del proceso. Mantener las irregularidades en las votaciones y
llegar al final del proceso, podría haber provocado un rompimiento
institucional mayor en el conteo de los votos.
Aparte de la crisis institucional, también hay un choque
económico. Hay que buscar los recursos económicos para imprimir las boletas
correspondientes a ocho millones de electores, y todo lo que se necesita para
montar un nuevo torneo. Esto irremediablemente llevaría al país a una crisis
económica, que veremos en la praxis si es salvable.
Para que se celebren nuevas elecciones, tiene que haber consenso
de todos los sectores políticos; determinar cuáles fueron las irregularidades
que se cometieron en el procesos, y aplicar sanciones a los que podrían ser
responsables materiales e intelectuales.
Sin consenso, vamos camino de abrir las puertas del infierno. La
crisis tiene que ser desmantelada ahora, o correr el riesgo de que la lava que
expulse el volcán en erupción nos queme a todos. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
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