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El requerimiento se hace al rector Iván Grullón Fernández y demás autoridades mediante el acta de alguacil número 180-2018, para que en un plazo de quince días paguen la suma reclamada a la institución de servicios.
Los descuentos se realizan a empleados de la UASD que son socios de la cooperativa cuyos montos son presuntamente retenidos por las autoridades universitarias.
Explican en el acto del alguacil que de no obtemperar al requerimiento “sufrirán las consecuencias derivadas de su negativa y retención ilícita”.
Establece el acto de intimación que la COOEPROUASD hace la reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales.
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