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| Procuraduría General de la República |
SANTO
DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de
Santo Domingo, solicitará medida de coerción contra siete militares que
aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del
Ministerio de Defensa, alegamente ingresaron de manera irregular 220 armas de
fuego al país, dándoles apariencia lícita.
Tras
meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de
Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada
en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el
2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego
especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el
mercado es de trescientos mil pesos , a pesar de la veda existente para la
importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número
309-06.
Luego de
varios allanamientos, el MP descubrió que siete militares eran los responsables
de ingresar armas de manera ilícita al país, entre ellos: Bienvenido Cordero
Batista, Félix Francisco Pérez Artilez, Esteban Marrero Ruiz, Francisco
Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez,
quienes desempeñaban funciones administrativas en el Material Bélico, en la
mayoría de los casos con más de veinte años en la institución, además de Pedro
Manuel Guzmán Escarraman propietario de armería donde eran vendidas.
Bienvenido
Cordero Batista, era el General de Brigada Paracaidista FARD, director General
del Material Bélico del Ministerio de Defensa, Encargado de supervisar todos
los procedimientos y supuestamente apadrinarlo con su firma, mientras que Félix
Francisco Pérez Artliez, Teniente Coronel del ERD, encargado del Depósito de
las Armas del Material Bélico, se ocupada de registrar todas las armas que
entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Esteban
Marrero Ruiz, Mayor del ERD, según las investigaciones, era el enlace
entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía,
tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para
la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes
Medrano, Capitán del ERD, era el Encargado de archivo y confeccionar las
tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del
Material Bélico.
En tanto
que Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er Teniente del ERD, asistente del director
General de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba
al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la
documentación de importación. Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, 1er
Teniente de la Policía Nacional, como encargado de las Armas de fuego de
la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico,
concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de
los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarraman, Coronel del ERD, propietario
de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que se encargó de
introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios
alterados.
El
Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la siguiente
Calificación Jurídica Provisional de violación a los artículos 295, 304 y
309 del Código Penal Dominicano.
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