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| Miembros del CPJ |
SANTO
DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó la creación de comisiones
regionales de seguimiento a la administración de justicia en los doce departamentos
judiciales del país, las cuales tendrán a su cargo una serie de funciones con
miras a contribuir con el fortalecimiento y agilización de los procesos.
El CPJ dispuso que cada
una de las comisiones esté integrada por presidentes de Cortes de Apelación o
su equivalente, bajo la presidencia de un Consejero del Poder Judicial y la
conformación de la Dirección
General de Administración y Carrera Judicial, que fungirá como apoyo
administrativo y logístico.
La comisión correspondiente a los departamentos judiciales
de Santiago, La Vega, Puerto Plata y Duarte, estará presidida por el doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia
y del CPJ.
Mientras
que la del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la encabezará la consejera del Poder
Judicial, Dulce Rodríguez de Goris.
En los Departamentos Judiciales de Montecristi, San
Pedro de Macorís y El Seibo, estará al frente de la comisión el consejero
Samuel Arias Areno, mientras que a Elías Santini Perera le corresponde presidir
en San Cristóbal, Barahona y San Juan de la Maguana.
Cada comisión tendrá
a su cargo las funciones de dar
estricto seguimiento a la aplicación del Código de Comportamiento Ético en las
vertientes relativas a los diversos principios y obligaciones, y a su vez
formular al CPJ cuantas propuestas estime pertinentes.
Asimismo, formular las propuestas de mejora que
sean necesarias en cada región para eficientizar el sistema de administración
de justicia, debiendo poner enfoque, principalmente, en la mora judicial y
atención a los usuarios potenciando la noción de calidad y de eficiencia
administrativa.
“En ese sentido, la referida Comisión deberán
formular un estudio diagnóstico que refleje la realidad de cada Departamento
Judicial a cargo”, precisa el CPJ, según
consta en su Acta núm. 01/2016, de la sesión celebrada el miércoles 13 de este
mes.
Cada comisión deberá presentar trimestralmente al CPJ
un informe que contenga el balance de cada uno de los departamentos judiciales,
en el cual se reflejen principalmente los aspectos como el cumplimiento cabal
de los horarios de audiencia de cada tribunal y la cantidad de expedientes real
y efectivamente resueltos.
“Se entiende como expediente resuelto aquellos que
haya sido puesto a disposición del público para lo cual debe implementar un
sistema de comunicación con el usuario que permita tomar conocimiento a los
interesados de la decisión adoptada, en el menor tiempo posible”, sostiene el
CPJ.
Indica que cada comisión deberá rendir un informe
sobre la cantidad de expedientes en estado de ser decididos y reflejar las
causas por las que no han obtenido solución en el plazo razonable.
En los casos de tribunales colegiados, incluyendo
la Corte de Apelación y sus equivalentes, se debe indicar en cada expediente
asignado a un juez la situación generado del retardo.
Los aspectos del informe de gestión que constituyen
un componente de eficiencia y dedicación serán reconocidos mediante certificado
que el CPJ emitirá a favor de cada juez beneficiario.
El órgano de gobierno del Poder Judicial dispuso
que los programas de
liquidación y descongestión que hasta ahora funcionan en el CPJ pasan a ser
administrados por la Comisión que se designa en virtud de esta Resolución.
La comisión tiene facultad para pedir investigación,
inspectoría ordinaria de conocimiento así como auditoría contable y financiera
dirigida al CPJ, así como también podrá solicitar la implementación de
proyectos y programas que sean de bienestar para la administración de justicia.
Igualmente, el CPJ puede solicitar a la comisión
cualquier tipo de informe que estime pertinente y que concierna al Poder
Judicial en sus diversas vertientes.
La comisión de seguimiento a la administración de
justicia se reunirá cada 45 días, sin perjuicio de las reuniones de las
convocatorias ordinarias que fueren necesarias, dispuestas por su presidente o
mediante solicitud formulada por sus integrantes.
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