Condena de 30, 10 y 5 años por homicidio y robo
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| Imagen de archivo |
SANTO DOMINGO.-
La Procuraduría General de la República, a través del Servicio Nacional de
Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), logró que fueran
impuestas condenas de 30, 10 y 5 años de prisión en contra de tres hombres y un
adolescente que fueron hallados culpables de cometer en hechos separados los
delitos de homicidio, asociación de malhechores, intento de atraco y
robo.
La condena de
30 años de prisión y 1 millón de indemnización fue dictada por el Segundo
Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo contra Santo Soto, (El Barón),
por los delitos de homicidio, intento de atraco y asociación de
malhechores en contra de Zoneida Henríquez Asencio.
Una información
divulgada por la Procuraduría General establece que también fue condenado a 10
años de prisión y una indemnización de 300 mil pesos el imputado Pablo Marte
Díaz, luego que el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo lo
declarara responsable de cometer un robo en la vivienda de la señora Dolores
Mercedes Vargas, localizada en dicha provincia.
Ese mismo
tribunal también sentenció a cinco años de prisión y al pago de una
indemnización de 300 mil pesos a Benito Manzueta, tras determinar que amenazó y
agredió verbal y físicamente a una mujer.
Asimismo indica
que otra condena de cinco años de prisión y una indemnización de 1 millón de
pesos fue impuesta por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la
referida jurisdicción contra un joven de 17 años de edad, por haber causado la
muerte al señor Francisco Arturo Serra. El nombre del menor fue omitido por
razones legales.
El Relevic es
dirigido por el procurador general adjunto Moisés Ferrer para ofrecer servicio
de representación legal gratuita a víctimas de bajos recursos económicos,
quienes estuvieron representadas en estos casos por el abogado Domingo Pacheco.
Las penas
fueron impuestas basadas en la violación de varios artículos del Código Penal
Dominicano, estableciendo dichos dictámenes que estas deberán ser cumplidas en
la Penitenciaría Nacional de la Victoria y en el Centro de Atención Integral
para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de Najayo, San Cristóbal.
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