Logra retornar más de 90 millones a consumidores en 2014

Altagracia Paulino, directora de Pro-Consumidor

SANTO DOMINGO.- Pro Consumidor logró un retorno económico de 90 millones 097 mil 386 pesos con 73 centavos a favor de los  consumidores y usuarios de bienes y servicios, durante el período  enero- diciembre 2014.

Ese retorno fue ejecutado  mediante las conciliaciones de 2 mil 48 casos, en la sede  central de la entidad, localizada en la calle Charles Summer, 33, Los Prados y las oficinas regionales, ubicadas en Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana y Megacentro.

Los reglones conciliados entre proveedores y consumidores corresponden a transporte y comunicaciones con un 26%; comercio y reparación con 37%; servicios a empresas con 11%; intermediación financiera con 8% y actividades inmobiliarias con un 5%.

Con un 2%  de proporción en las conciliaciones los renglones de educación, servicios personales, construcción, industrias y transformación, empresas tecnológicas,  alojamiento y alimentación.

En Santo Domingo se conciliaron  mil 487 casos para un retorno económico de 59 millones 650 mil 700 pesos con 78 centavos. En la oficina de Megacentro fueron retornados 8 millones 225 mil, 046 pesos con 93 centavos, para un total de 342 casos conciliados.

Mientras que en la provincia de Santiago fueron conciliados 214 casos, para un retorno de 6 millones 909 mil, 180 pesos con 34 centavos; En Barahona cinco millones  213 mil 970 pesos  con 09 centavos, de 62 casos conciliados; En San Pedro de Macorís se retornaron a favor de los consumidores 5 millones 441 mil 644 pesos con 59 centavos, para un total de 195 casos conciliados.

En San Francisco de Macorís fueron retornados 549 mil 369 pesos, conciliándose 53 casos y en la provincia de  San  Juan de la Maguana, se retornaron 4 millones 107 mil 475 pesos, en la conciliación de 82 casos.

Pro Consumidor destacó que los casos conciliados fueron realizados mediante acuerdo amistoso y  por acuerdo previo audiencia entre las partes involucradas, lo que significa un crecimiento en la responsabilidad de los proveedores en resolver con armonía los  conflictos con los consumidores y usuarios, como lo establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor.