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SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional consideró que el
retiro de la República Dominicana de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), pondría en peligro las esperanzas de justicia de cientos de miles de sobrevivientes de abusos
contra los derechos humanos en la nación caribeña.
“Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República
Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, y ha
demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, aseguró Erika Guevara Rosas, directora del Programa
para América de Amnistía Internacional.
Agregó que “el privar a las personas de la
oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no
sólo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el
fortalecimiento del Estado de derecho en el país.”La sentencia se produjo dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que supuestamente priva discriminatoriamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país.
“En lugar de montar una pataleta por la sentencia de un tribunal internacional con la que no están de acuerdo, las autoridades dominicanas deberían centrar su energía en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que viven en el país. El primer paso debe ser cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Erika Guevara Rosas.
Si el presidente sanciona esta resolución, cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos se quedarán sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país.
“Esta decisión muestra el total desinterés de la República Dominicana por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y sienta un precedente increíblemente peligroso para la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, especialmente las más vulnerables. El presidente Medina tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su liderazgo y garantizar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales”, dijo la directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional del país que priva de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación, explica la entidad.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Información complementaria
El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional
dominicano alegó que, cuando el país se unió a la jurisdicción de la Corte
Interamericana en 1999, lo había hecho sin respetar su propia Constitución.
Ahora el gobierno debe indicar cuál es su postura respecto a esta decisión y
qué consecuencias puede tener.
La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, es la piedra angular del Estado de derecho, y permite a los Estados garantizar que todas las personas pueden vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.
El sistema regional de derechos humanos –compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.
Desde 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias sobre la República Dominicana, relativas a la impunidad por las desapariciones forzadas, la discriminación y el derecho a la nacionalidad.
La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, es la piedra angular del Estado de derecho, y permite a los Estados garantizar que todas las personas pueden vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.
El sistema regional de derechos humanos –compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.
Desde 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias sobre la República Dominicana, relativas a la impunidad por las desapariciones forzadas, la discriminación y el derecho a la nacionalidad.
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