Francisco Luciano (Opinión) |
Dada la
incomprensión demostrada en la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, frente a la problemática que se
vive en la República Dominicana con los migrantes haitianos y sus descendientes,
la sociedad dominicana y sus gobernantes tendrán que evaluar la conveniencia
de retirar su membresía de dicho
organismo.
En todas las
demandas incoadas ante la CIDH contra la República Dominicana, nuestra imagen
ha salido maltrecha, pues casi siempre las mismas son acogidas con la constante
campana que nos proyecta como un país xenófobo, maltrata, discrimina, veja y
expulsa de manera arbitraria a los nacionales del hermanos país, lo cual no es
cierto.
La CIDH ha llegado al extremo de emitir una sentencia
que desconoce el derecho de soberanía
del Estado Dominicano, cuando prácticamente
le ordena cambiar su Constitución Política para sustituirla por una
que reconozca el derecho a la nacionalidad dominicana a personas que siendo
hijas de extranjeros ilegales nacieron en territorio dominicano.
En esa corte no se reconoce la inversión que hace el Estado Dominicano para ayudar a la
población haitiana a mitigar sus necesidades de salud, de educación y de falta de
ingresos. Por cualquier echo, real o supuesto que se estime pueda perjudicar a
un nacional haitiano es sometida y acogida una petición de condena contra la
patria de Duarte y Luperón.
La última
decisión de la CIDH me lleva a reiterar el criterio de que dada la realidad que
vivimos frente a la nación haitiana que padece miseria extrema y teniendo a
nuestro país al lado con mejores condiciones
de vida y una frontera prácticamente virtual, siempre decidirá migrar
hacia nuestro territorio porque sus otras opciones son la de morirse de hambre
en Haití o convertirse en alimento de los tiburones en el Canal del Viento, a
la República Dominicana no le queda otro camino que no sea desafiliarse de
CIDH.
Habrá quienes
argumenten sobre las consecuencias de no
pertenecer a un organismo de integración tan importante, a esos les digo por
adelantado que Canadá, Cuba, Estados
Unidos y Venezuela no son miembros de la CIDH
y esos pueblos no han perdido ni
su Independencia ni la liberta de sus países.
La República
Dominicana tiene que continuar su dialogo bilateral con la de Haití y avanzar
en el proceso de regularización de los extranjeros residentes en condiciones de
ilegales; pero también debe frenar en seco la migración ilegal hacia su territorio a los fines de evitar que continúe el éxodo sin
control.
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