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| Laura Guerrero Pelletier |
SANTO DOMINGO.- Las
autoridades del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción, manifestaron inconformidad con relación a los
últimos descargos evacuados por tribunales de diferentes jurisdicciones, en donde
se han ventilado alegados actos de corrupción.
La titular de la
PEPCA, magistrada Laura Guerrero Pelletier, considera que dichas acciones se
constituyen en un férreo obstáculo contra este flagelo generador de pobreza e
impunidad en el país.
“De nada sirve crear
más leyes, ni los reclamos de la sociedad civil y de fundaciones, así como el
ejercicio responsable de miembros de la prensa y el fortalecimiento del trabajo
que diariamente implementa el Ministerio Público, para que estos casos puedan
culminar exitosamente, si al final vamos a tener descargos, incidentes y
archivos de los procesos”, enfatizó Guerrero.
La funcionaria
judicial aseguró que se desarrollan grandes esfuerzos de cara a ir tecnificando
y levantando procesos muchos más acabados, por lo que reconoció que es un
exceso de los tribunales que cercena las garantías del Ministerio Público
interpelarlo a que presente las pruebas y ni siquiera se le da la oportunidad
de presentarlas.
Laura Guerrero
puntualizó que “continuaremos trabajando con fe, por lo que solicitó el
continuo apoyo de la prensa y toda la sociedad civil”.
Entre los casos,
citó la sentencia dictada el 25 de agosto pasado por el Tribunal
Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto
Plata, que descargó a los directores municipales de la Junta
Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe de la
Cruz, quienes en el ejercicio de sus funciones supuestamente cometieron
actos de corrupción que alcanzan la suma de RD$180 millones.
Otra de las
sentencias es la del 31 de julio del 2014 en el caso de Luís Rafael Álvarez
Renta, que declara fundada una demanda de Habeas Corpus y concluye
eximiéndolo del cumplimiento de casi la mitad de la pena de 10 años, impuesta
por sentencia firme e irrevocable.
También citó la
sentencia del día 10 del mes de julio del año 2014 que acoge una declinatoria
por causa de seguridad pública en el proceso seguido a Félix Manuel Rodríguez
Grullón, alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que de
acuerdo a la acusación del Ministerio Público incurrió en un desfalco de más de
RD$400 millones, sin causa razonable alguna.
La cuarta se refiere
a la sentencia del 18 del mes de junio del año 2014, en la que la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia exonera de responsabilidad penal a los
imputados del fraude cometido en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales
durante la gestión de Wessin Chávez, donde conforme a una auditoría
de la Cámara de Cuentas, fueron utilizados, disipados y distraídos fondos
públicos por valor de RD$157,212.188.00.
Enumeró además la
decisión jurisdiccional marcada con el No. 226-2013, en fecha 14 del mes de
febrero del año 2013, dictada por el Juez de la Instrucción Especial de
Jurisdicción Privilegiada que declara inconstitucional el Auto No. 0005893,
dictado por el Procurador General de la República y los numerales 1, 2, 3 y 4
del artículo 281 del Código Procesal Penal, que ordenaba el levantamiento del
archivo provisional de la investigación llevada en contra del senador por la
provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, investigado por prácticas de
corrupción en perjuicio del erario público.
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