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| Francisco Luciano (Opinión) |
La decisión
del gobierno dominicano de aumentar la capacidad de generación eléctrica
mediante la construcción de dos plantas a carbón con capacidad para producir
1,200 megavatios, ha puesto nerviosos a los “suplidores” de energía, por
cuanto, de acuerdo al cronograma para su construcción, estas nuevas plantas entraran en funcionamiento, en fecha cercana al vencimiento de los actuales
contratos.
Los beneficiarios de los contratos de generación
eléctrica vigente saben que, al entrar
en funcionamiento las plantas en construcción, ya no será necesario renovar sus contratos, por lo menos en la
condiciones actuales que resultan onerosas
para el gobierno y la población, por cuanto les aseguran a ellos, cobrar por la capacidad instalada de sus plantas, aunque no le sirvan a la
población ni un solo segundo de energía.
Estos, claro esta, harán de todo
para presionar al gobierno y hacer que
desista de la construcción de dichas plantas. La mejor manera de tratar de lograr sus
aviesos propósitos, es la de recurrir a los tenebrosos, molestosos y caros
apagones, por lo que la población debe prepararse para recibir kilométricos
apagones en lo que resta del presente año 2014 y para el próximo 2015.
Estos nuevos
apagones tendrán como pretexto público la falta de pago por parte de la CDEEE, a las generadoras eléctricas; pero el fondo
es evitar que el gobierno haga las
plantas y así ellos renegociar los actuales contratos de generación eléctrica
en las mismas condiciones perjudiciales para la población. Nunca ningún
gobierno había sido tan buen pagador como este; pero nunca ningún gobierno se atrevió
a plantearse regular el mercado eléctrico a partir de su propia producción
energética y esto tiene muy nervioso al grupo de empresarios que han sido
incapaces de invertir lo necesario para mantener estable el vital servicio
eléctrico.
La estrategia
de las empresas generadoras de electricidad
con los largos apagones en marcha, es
clara, se trata de chantajear al
gobierno para ver si flaquea y ante la
coyuntura electoral que se avecina, cede a sus pretensiones anti país, pues
todo el mundo sabe que los apagones desesperan e irritan a la población y que
eso se refleja contra la popularidad de las autoridades de turno.
La población
también debe saber que cuando el país les adeuda a los dueños del negocio
eléctrico, a ellos se les paga intereses en dólares por el tiempo del atraso y
créanme, el interés resulta tan oneroso que califica para usura.
La patraña es
más que evidente y la respuesta tiene que ser un amplio movimiento de la
población para exigir la derogación o revisión de los contratos de generación
eléctrica a fin de ajustarlo a una realidad en la cual, la población y el
gobierno sólo tengan la obligación de pagar por la cantidad de energía que
reciban.
Eso es lo justo, pues no podemos seguir atados a unos contratos que
hacen al país y a sus gobiernos prisioneros de la avaricia irresponsable, de
quienes amparados en una legalidad a
moral, exigen que se les pague por un servicio que no brindan.
Las
autoridades del gobiernos deben mantener la posición de propiciar la firma de
un pacto eléctrico donde las reglas se pongan claritas y donde el sector
privado se comprometa a servir energía a precios justos y a realizar las
inversiones necesarias para hacer sostenible y estable el servicio, sin renunciar el
gobierno a continuar acrecentando su inversión en nuevas plantas y dejando
abierta la posibilidad de que nuevos actores se integren a la producción y
venta de energía, pues en un mundo de libre mercado, no podemos continuar
siendo prisiones de filibusteros, pero tampoco de bucaneros.
El autor es
catedrático universitario y dirigente del PTD.
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