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| Tribunal Constitucional |
La firma Arp & Asociados, de Jaime Aparicio y Bjorn Arp, de Washington denunciaron
en un comunicado de prensa en esa ciudad que la mayor amenaza a la
institucionalidad democrática del país es la influencia del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), sobre los altos tribunales.
Dice el
documento que la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la
suspendida secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), Geanilda Vázquez confirma que ese órgano actúa por encargo de un poder
extrajudicial.
“La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de
todo Estado de Derecho, y el presupuesto básico para que puedan aplicarse las
garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En República
Dominicana hoy día, la mayor amenaza a la institucionalidad democrática es la
influencia del PLD sobre los altos tribunales del país, a los que ha convertido
en un instrumento de sus estrategias politico-electorales”.
Al definir como nefasta la actuación de
la Justicia Dominicana en la expulsión ilegal de prominentes dirigentes del
PRD, los juristas afirman que “en todas las
reclamaciones presentadas por la corriente del PRD controlada por Vargas los
tribunales fallan a su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por los
miembros del PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido, el
Tribunal falla en su contra”.
Y agrega que “cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión
constitucional, este recurso ha seguido sin fallo alguno en el Tribunal
Constitucional por más de un año, a pesar de la norma que fija el plazo para
una decisión de admisibilidad por un mes”.
Sin embargo, apuntan los abogados, “cuando se trata de una demanda de suspensión de ejecutoriedad
presentada por la fracción de Vargas, en pocas semanas el TC
resuelve contra una sentencia de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional que ordenó reponer a
Geanilda Vásquez como Secretaria General del PRD”.
Aseguran que el caso de la doctora
Vásquez muestra el grado desubordinación de éste órgano judicial a las
estrategias políticas de Leonel Fernández para destruir al PRD.
“El Tribunal Constitucional decidió
suspender la ejecución de dicha sentencia bajo el insólito argumento de
que “el daño consistiría en una afectación directa a la seguridad
jurídica y a la certeza de los asuntos electorales”. Olvida el TC que lo
que afecta al Estado de Derecho en República Dominicana ha sido la expulsión
ilegal y abusiva de miembros de la Comisión Política del PRD
mediante una confabulación entre el partido de gobierno, Miguel Vargas y los
tribunales de justicia bajo control del PLD”
Dicen denuncias no
cesarán
Tras señalar que una democracia estable
sólo puede darse donde hay alternancia en el poder, igualdad de condiciones
para la participación política, división de poderes y partidos políticos”, los
juristas manifiestan que las denuncias internacionales no cesarán hasta que se
restablezca el estado de derecho en la República Dominicana.
Jaime Aparicio ha sido Presidente del
Comité Jurídico Interamericano, asesor del ex Presidente Colombiano y pasado
Secretario General de la OEA Cesar Gaviria. También ha representado al ex
Presidente Carter en Nicaragua y Ecuador; mientras que doctor Bjorn
Arp es profesor de varias universidades en Washington, Madrid, Colombia y
Ecuador y ha escrito varios libros sobre los derechos humanos.
El grupo legal representa
internacionalmente al ex presidente Hipólito Mejía; al pasado candidato
vicepresidencial, Luis Abinader; al ex presidente del Senado, Andrés Bautista
García; al dos veces secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; y a la
secretaria nacional de organización de ese partido, Geanilda Vásquez.
Confabulación
antidemocrática
Según los representantes de la firma
jurídica internacional, “los hechos demuestran que en República Dominicana se
viene desarrollando un paulatino y sistemático proceso de acumulación de
poder, a través de un sistema judicial, electoral y de control
constitucional hecho a medida del partido de gobierno, cuyo fin es la
perpetuación en el poder, mediante la inhabilitación de los candidatos de la
oposición.
En ese sentido recordaron que en octubre
de 2009, el entonces Vice Presidente del PRD, Luis Abinader, había
llamado la atención sobre éstas amenazas a la democracia dominicana, “La
reforma constitucional no representa la voluntad de la nación, sino la de los
grupos particulares que se han puesto de acuerdo para hacerse un traje a la medida
por el acuerdo de aposento entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado.”.
La versión de prensa del comunicado
emitido por la firma Aparicio, Arp & Asociados de Washington, fue
dada a conocer en el país por la oficina de comunicación de Luis
Abinader.
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