Desde junio de este año hasta la fecha, esta dependencia del Ministerio Público ha recibido a 44 hombres y nueve mujeres que se encuentran en conflicto con la ley y que reciben talleres de formación y orientación en sus instalaciones, ubicadas en la calle Quinta, número 6, en el sector Cristo Rey de esta ciudad.
Desde el 11
de julio de 2014, el Centro de Intervención Conductual cuenta con un personal
calificado y dispuesto con el firme propósito de contribuir para mejorar esas
conductas violentas que destruyen la paz y generan desasosiego en los entornos
familiares, laborales y sociales.
La nueva gestión del Ministerio
Público realiza avances significativos para perfeccionar la operatividad de los
diferentes organismos de la institución y en especial centros como este,
relacionados con la prevención y combate de la violencia de género para
garantizar mayor seguridad a las víctimas.
Actualmente,
el centro está bajo la dirección de la psicóloga Johanna Ramos, con la
supervisión del procurador fiscal titular Adolfo Féliz Pérez. A través de estos
servicios, ambos tienen como objetivo garantizar la seguridad de las víctimas e
impedir la extensión del maltrato.
Buscan,
además, ayudar a los usuarios a desarrollar conductas respetuosas y actitudes
para reemplazar el abuso, que los usuarios puedan asumir la responsabilidad de
su conducta violenta, identificar los patrones de control y actitudes
autoritarias y realizar enmiendas a los daños realizados, comprometerse a no
repetirlos y honrar los compromisos.
Los procesos
terapéuticos se desarrollan de forma ambulatoria y por referimiento de jueces y
fiscales, en el marco de procesos por las violaciones a las disposiciones
contenidas en la Ley 24-97, sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales.
Acoge a personas de la región sur
dentro de las actividades que realiza la institución, con charlas de acogida
para nuevos ingresados, evaluaciones a través de entrevistas y pruebas
psicológicas, sesiones de terapias individuales, talleres psicoeducativos,
sesiones de terapias grupales y evaluaciones de proceso para medir el impacto
del programa.
Estas terapias contribuyen a
forjar conciencia sobre los roles de género y el respeto a la equidad y los
derechos, además de contrarrestar los factores de riesgo para evitar la
criminalidad.
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