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| Obreros trabajan para corregir derrame |
SANTO
DOMINGO.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales multó con 7.6 millones de pesos a la empresa minera Falconbridge
Dominicana (Falcondo), por los daños ambientales provocados tras el
derrame de combustible de uno de sus oleoductos en el municipio
de Haina.
La
institución también ordenó que continúe el cierre del oleoducto hasta tanto se
apliquen todos los correctivos de lugar recomendados a la empresa.
“Estamos
dando seguimiento estricto para que la empresa remedie los daños que haya
ocasionado; que adopte las medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo
Francisco Domínguez Brito.
Una nota
de la institución, señala que técnicos del ministerio visitaron la zona
haciendo los levantamientos que evidenciaron la violación ambiental.
Indica también que el análisis de
gestión ambiental que realizó la comisión técnica de Medio
Ambiente arrojó como resultado: “Fuertes olores a hidrocarburos en el área
habitada, contaminación de suelos con hidrocarburos, falta de señalización de
la ruta que atraviesa el oleoducto, falta de información sobre riesgos
asociados al material transportado por el oleoducto y falta de implementación
de planes preventivos”.
El
informe también expresa que las recurrentes fugas de hidrocarburos revelan que
FALCONDO no aplica un plan de prevención y control de derrames y fugas
efectivo.
La
acción ocurrida el pasado mes de agosto viola
el artículo 78 del reglamento para la gestión de sustancias químicas
que reza: “(…) El generador deberá también contar, para su implementación
inmediata, con un Plan para la Prevención y Control de Derrames y Fugas”.
En tal
sentido, la empresa deberá cumplir una seria de medidas entre las cuales está:
Coordinar con el Ministerio de Salud Pública la evaluación de las personas que
indican estar afectados por las emanaciones de gases y enviar reporte con los resultados
a este Ministerio.
Además,
deberá presentar la actualización del Plan para la Prevención y Control de
Fugas y Derrames para la operación del oleoducto y gestionar ante los
organismos competentes la redefinición de los derechos de servidumbre correspondientes,
para garantizar los accesos al oleoducto en cualquier tramo.
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