Comisiones de Justicia y Relaciones Exteriores |
La jornada fue encabezada por los
diputados Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia; y Víctor Suárez,
de Relaciones Exteriores; quienes junto a otros miembros de las
comisiones, analizaron con el procurador temas comunes dirigidos a prevenir y
combatir el crimen, la corrupción y la modernización del Estado.
Merán explicó que se está haciendo un
gran esfuerzo para cambiar una gran cantidad de leyes obsoletas, especialmente
los códigos.
“Sigue siendo una verdadera vergüenza
para la República Dominicana tener un Código Penal de 210 años, y ese
anacronismo del sistema penal dominicano, la comisión de Justicia ha estado
insistiendo desde hace más de seis años, en que podemos resolverlo”, expresó
Merán.
Dijo que otra gran prioridad para el
sistema de justicia dominicano es la implementación del Código de Procedimiento
Penal.
Pidió al procurador su intervención para
dotar al país de otros importantes códigos, como el civil, que ha sido
favorecido con seis informes de la Comisión de Justicia y aprobado tres veces
en la Cámara de Diputados, pero perime en el Senado.
Dijo que la misma suerte ha corrido el Código
de Procedimiento Civil.
“Es una barbaridad que documentos que
han sido trabajados por 15 años en el Congreso todavía no hayan sido puestos en
vigencia”, manifestó el diputado.
Consideró que las autoridades y el
Gobierno deben aprovechar la coyuntura de cooperación que existe actualmente en
todos los sectores de la vida pública para la aprobación de esos códigos.
Aseguró que el único punto que les
divide es el tema del aborto, pero que existe la disposición de buscar una
salida al mismo.
De su lado Suárez dijo que la comisión
que preside tiene temas de interés común con la Procuraduría, como son los
tratados de extradición y convenios internacionales de cumplimiento de penas,
éstos últimos en lo relativo al cumplimiento de la condena en el país de origen
de quien las comete o en donde se ha producido el delito.
“Este es un contacto de intercambio de
ideas de cara a los ambiciosos planes que el Ministerio Público está trabajando
para la persecución del crimen, el tema de la transparencia, la corrupción”,
dijo.
El procurador
Mientras que el procurador citó entre las
legislaciones obsoletas el Código Penal, y la Ley de Lavado de Activos,
ésta última, según dijo, es muy urgente para el país.
“Esta Ley de Lavado de Activos es urgente por muchísimas razones que
incluyen que la República Dominicana es miembro del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que nos valora financieramente
en materia de lavado, lo cual realizará el próximo año”, indicó.
Dijo que para que el país pase esa
evaluación primero deben ser corregidas un gran número de leyes que “están muy
viejas” y que se adecuan a los tiempos modernos, para evitar el lavado de
activos.
“Si pasamos la evaluación, GAFILAT nos
dará como país una calificación de cumplimiento o no y no tener esa
calificación de cumplimiento significa que los indicadores macroeconómicos
internacionales nuestros, nuestras calificaciones de riesgos, nos la van a
bajar”, explicó el procurador.
Advirtió que si al país le bajan la
calificación de riesgo significa “que los préstamos puentes que utiliza el
sector financiero privado y el sector financiero público automáticamente nos
suben las tasas de interés, viene la depreciación de la moneda, “entiéndase,
una catástrofe financiera para
nuestro país”.
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