Afectados por sentencia TC exigen Ley de Nacionalidad

Ana María Belén 

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Reconocidos inicio este jueves una vigilia de dos días, frente al Palacio Nacional, en demanda de que el presidente Danilo Medina, envié al Congreso Nacional el proyecto de Ley de reconocimiento, que permitirá resolver la situación de dominicanos de ascendencia haitiana, afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Ana María Belén, hablando a nombre del movimiento exigió la restitución de la nacionalidad, la que dijo fue asaltada y arrebatada a casi 200 mil dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

Resaltó el informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en visita realizada al país en diciembre del 2013, que da cuenta de la cifra de afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Sostienen que llevan 7 años despojados de su nacionalidad, aun cuando la Constitución del 2010 establece en su artículo 18 numeral 2 que, “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad a la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Al mismo tiempo destacaron que en el artículo 110 de la carta magna se establece que la Ley solo dispone y se aplica para el porvenir, que no tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté sub júdice o cumpliendo condena.        

María Belén dijo que por la situación de indefinición que viven están afectados de continuar sus estudios, conseguir trabajos dignos, cotizar en la Seguridad Social y contraer matrimonio.

Por lo que hacen un llamado al presidente Danilo Medina, a buscar una solución justa y razonable y no responder a caprichos de sectores ajenos a los verdaderos intereses de la patria.

“Presidente Medina, envié cuanto antes la Ley de reconocimiento de la nacionalidad al Congreso Nacional, para que culmine con ella situación de exclusión y discriminación de que somos objetos desde el 2007”, destacó Belén.
Finalmente llamaron al primer mandatario a buscar una salida urgente que respecte los derechos humanos y que este apegada a los acuerdos internacionales de los que es signatario el país.  

Parte de los afectados por la sentencia del TC