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| Víctor Terrero, director CONAVIHSIDA |
El funcionario también urgió a los legisladores a
modificar la ley 135-11 sobre VIH y Sida para dejar sin efecto los artículos 78
y 79, que penalizan con cárcel la transmisión del virus en algunos casos.
Terrero intervino en el seminario parlamentario “Protegiendo
los derechos humanos, combatiendo la discriminación y abordando el VIH / Sida
en personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género”,
realizado por la Cámara de Diputados y el grupo Acción Mundial de
Parlamentarios.
“En la República Dominicana estamos librando una ardua
lucha por detener y prevenir el estigma y la discriminación en perjuicio de las
personas con VIH y de los grupos vulnerables, pero necesitamos fortalecer el
marco legal”, puntualizó.
Terrero denunció la persistencia del estigma y la
discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos la salud, la
educación y el laboral, y dijo que esa práctica afecta la dignidad de las
personas.
“Según estudios recientes, en la República Dominicana
el 17.2% de las personas con VIH y Sida perdió su empleo, un 20% se vio forzada
a cambiar su residencia debido a su condición, a un 8.4% se le negaron
servicios de salud y un 25% ha reportado violaciones a sus derechos humanos”,
sostuvo Terrero.
El funcionario aseguró que esa realidad
discriminatoria hace imposible el disfrute de sus derechos y oportunidades para
un amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad dominicana, con el
agravante de que una sociedad que excluye y discrimina no tiene una aceptable
calidad democrática.
“La epidemia del VIH impacta a aquellas poblaciones más
vulnerables y en las que más se desconocen sus derechos humanos”, afirmó.
El director del CONAVIHSIDA favoreció el acceso a los
servicios de salud sin limitaciones a los grupos vulnerables, especialmente los
gays, lesbianas, travestis y transexuales.
“Muchas veces –adujo- el personal de salud no sabe
tratar a personas cuya sexualidad no se inscribe en las relaciones
heterosexuales, y en el caso de las personas trans, la discriminación implica
que se niegue su identidad de género, la que eligieron, atentando contra su
acceso al sistema de salud”.
Terrero citó entre los retos pendientes para hacer más
efectivos los programas de salud, detener la homofobia y transfobia.
Terrero apuntó que la discriminación aleja a las
personas del sistema de salud. “La prevención, atención y apoyo en VIH y Sida
sólo pueden encararse eficazmente si se reconoce la dignidad y la diversidad de
todas las personas”.
“Los Estados han excluido a las poblaciones en el
diseño, ejecución y evaluación de sus políticas, programas y prácticas de
salud, lo que ha hecho más complejo los escenarios de prevención y atención”.
Recordó que el ordenamiento jurídico nacional consigna
y reconoce la
dignidad humana y el derecho a la igualdad en los artículos
38 y 39 de la Carta Sustantiva, en la Ley 135-11 sobre VIH y Sida.
¨Existe una relación directa entre la protección de la
salud y la protección de los derechos humanos o, inversamente, entre los peores
índices de salud y violación de derechos humanos¨, indicó.
Terrero fundamentó su propuesta de modificación de la
nueva Ley 135-11 en que esos artículos son violatorios de los derechos de las
personas con VIH y Sida.
El artículo 78 de esa pieza obliga a las personas con
VIH a comunicar su condición de salud a las personas con las que vaya a
sostener relaciones sexuales, a riesgo de ser condenadas de 2 a 5 años de
prisión, en tanto el artículo 79 establece una pena de 20 años a las personas
que transmitan el VIH “de manera intencional”.
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