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| Abel Martínez, presidente Cámara de Diputados |
SANTO DOMINGO.- El presidente de
la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, afirmó que la sentencia del
Tribunal Constitucional que fija los criterios de nacionalidad en el país es
legítima y una decisión soberana del Estado Dominicano.
Martínez entiende que la
diplomacia haitiana, lejos de estimular sanciones contra la República
Dominicana debe respetar los términos de nuestro Tratado Migratorio llamado
Modus Operan di cuyos términos violados inmisericordemente, por el estado
haitiano, por su indolente indiferencia en la documentación de sus ciudadanos,
tanto dentro como fuera de Haití.
"Lo que se pretende es que
en violación al Tratado la República Dominicana pague las secuelas de su
irresponsabilidad, que se extiende también a la total permisividad a favor del
tráfico de personas y a los riesgos de sus ciudadanos en su comprensivo afán de
escapar de un Estado que no ha sido capaz de garantizarles siquiera su
identidad, mucho menos su subsistencia", agregó.
Para el legislador, sectores de
interés alojados en ONGs que usufructúan el drama haitiano gracias a
financiamiento internacional, encabezan un movimiento sedicioso que lejos de
discrepar de las disposiciones de una sentencia, pretenden colocar las
instituciones del país en una crisis constitucional de peligrosas secuelas
sociales y políticas, queriendo herir de este modo la democracia.
"Respetando el derecho de un
reducido grupo de interés a disentir de la sentencia, el pueblo dominicano debe
expresarse y consolidarse en una monolítica unidad, no sólo en torno al
respaldo absoluto al Tribunal Constitucional que ha actuado conforme a nuestro
orden legal, sino para acompañar a todo el Estado en la implementación del Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros", expresó.
El titular de la Cámara de
Diputados explicó que este es el modo que ha dispuesto el legislador en
el Artículo. 151 de la Ley 285-04 para atender, en el marco de nuestras leyes,
el drama humano que todos reconocemos y con el que todos estamos comprometidos
en resolver, en lo que concierne a extranjeros asentados en el registro civil.
El legislador por Santiago
enfatizó que la República Dominicana no puede ceder su derecho a establecer una
política migratoria y sus criterios sobre la nacionalidad y no lo
haremos.
"Somos un pueblo
hospitalario y una nación abierta; en nuestra conformación se mezclan
diversidad de perfiles humanos en un solo y arraigado sentimiento: la
dominicanidad.
Más, no aceptamos ni permitimos
imposiciones foráneas, que cuestionen y vulneren nuestra soberanía",
concluyó Martínez.
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