Opinión |
Para quienes pudieran pensar que estamos siendo
exagerados al sindicar al pleno de la JCE y su equipo informático de ser los
autores del fraude montado en las fallidas elecciones de febrero 16, les cuento
que es un principio universal que, “En materia electoral el error es
equivalente a fraude”, de manera que todos los errores señalados por el informe
de la OEA y la admisión de los mismos por parte de la JCE hacen reos a sus integrantes.
La posición ambivalente del pleno de la JCE para
orientar con claridad la organización del voto de los dominicanos en el
exterior, con su no inclusión en la proclama que convoca al voto para elegir al
presidente y vicepresidente de la República, así como a los representantes
Congresionales para el 5 de julio 2020, constituye una violación a la
constitución de la República que establece que dichas elecciones serán
celebradas el mismo día y horario.
Los alegatos de que el COVID-19 azota en varios países
extranjeros donde residen dominicanos, ha sido usado como pretexto de última
hora para excluir a los cientos de miles de compatriotas que viven fuera de
nuestro territorio, olvidando la JCE que las elecciones estaban pautadas
originalmente para el mes de mayo y que los funcionarios de colegios y lugares
de centros debieron estar seleccionados y asegurados para los meses de enero y
febrero 2020. En octubre 2019 la JCE de manera unilateral y arbitraria
excluyó de las primarias universal y abiertas a nuestros compatriotas y para
ese entonces no existía la pandemia.
La JCE debe colar su café claro y la oposición
política tiene que plantarle colmillos, porque con el ñeñe de su presidente
genuflexo e irresponsable, nada bueno puede esperarse, pues no desde
ahora ha venido actuando como el liquido que toma la forma del envase en que es
vertido por los del gobierno, que han probado no tener escrúpulos en su afán de
imponerse a la brava.
Hay que decirle al pleno de la JCE que todo el personal
de dirección técnica, alta y media de la JCE, deber recoger su mochila y salir
de allí como garantía de que se intentará romper la cadena que sirve a
intereses que nada tienen que ver con el respeto a los valores
democráticos. Para ello es necesario que toda la oposición política y las
instituciones cívicas no partidistas, pero interesadas en unos comicios
transparentes, ofrezcan su respaldo a la comisión de veedores designada para
acompañar a la JCE por el camino correcto. La comisión debe jugar su papel
y todos debemos respaldarla y exigir que lo cumpla, rechazando el aislamiento a
que hasta ahora ha sido sometida por los integrantes de la JCE.
Las garantías de unas elecciones diáfanas no pueden
confiarse a una JCE que ha probado su servilismo al poder de turno. Si es
necesario montar vigilia y campamento para recordarles su papel de árbitro no
debe desdeñarse la iniciativa.
El autor es docente universitario y dirigente
político.
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