Por Francisco Luciano
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Uno de los puntos luminosos de
la Universidad del Estado, es su constancia democrática, expresada en que nunca
las elecciones para escoger sus autoridades se han suspendido, así como el que
en esa academia, hasta ahora, el que ganó, ganó, sin que se produzcan arrebatos
ni patadas voladoras.
La vida institucional de la Universidad se ha desenvuelto sin mayores contratiempos, pese a que sus pocas debilidades magnificadas a la categoría de catástrofe, ocultan sus muchas fortalezas, debido la naturaleza fatalista de quienes prefieren ver las dificultades como muros insuperables y no como oportunidades para avanzar positivamente.
La importancia de la UASD y su
peso en la sociedad, hacen que sus procesos despierten el interés de las
distintas fuerzas que coexisten en la nación. Eso es normal, lo que no es
normal, es que en un proceso donde de menos cuatro mil electores, se permita
que más de 15 mil personas ajenas al quehacer universitario se concentren en el
campus de la Sede Central, generaron un ambiente de tensión impropio de un
centro de ciencias, escenificando una aterradora balacera en las proximidades
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Ese mismo escenario se repitió en las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos, resultando una persona muerta que no era estudiante, empleado ni profesor de la Universidad. A la fecha no se ha esclarecido dicho acontecimiento, como tampoco quienes detonaron varias bombas lacrimógenas en medio de una asamblea que se efectuaba en el Aula Magna, donde decenas de universitarios salieron lesionados.
Vistos los antecedentes y la
reiterada incapacidad para establecer responsabilidades, lo correcto es que las
autoridades de la Comisión Electoral y del honorable Consejo Universitario,
adopten las medidas para garantizar que el 20 de Junio 2018, solo los miembros
del Claustro Electoral puedan accesar a las instalaciones de la academia e
impidan que el tiguerage político y delincuencial vuelva a incidental un
proceso llamado a ser ejemplo para la sociedad dominicana.
El autor es docente de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
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