Por Francisco Luciano
Opinión |
Las políticas públicas las
traza el Estado por vía de las instituciones que conforman el gobierno de la
nación y corresponde a los ciudadanos y a las instituciones cumplirlas, siempre
que estas sean dispuestas conforme establece la Ley.
En consonancia con la
Constitución de la República fueron aprobadas la Ley General de Educación
(66-97) y la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que establecen
que corresponde a los Ministerio de Educación y de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (139-01), trazar la política educativa en el aspecto de la educación
según el nivel.
Es por ello que
consideramos pertinente despejar la preocupación que prima en una
parte de nuestros académicos, que siendo todos
profesionales consagrados al servicio de la educación y dotados de las
mejores intenciones, resisten desde la trinchera de nuestra Facultad de
Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las
disposiciones contenidas en la Normativa 09’15, que regula la elaboración y desarrollo
de los programas de formación docente en la República Dominicana.
El argumento fundamental de
este conjunto de académicos es el de que dicha disposición desmembrara la
Facultad de Ciencias de la Educación, pues reducirá los servicios de esta en las
asignaturas con contenidos específicos de las menciones. Tal
realidad resulta angustiante desde el punto de vista de reducción de la
oferta de trabajo.
Desafortunamente,
no corresponde a ninguna institución del Sistema Nacional de Educación Superior
Ciencia y Tecnología definir las políticas educativas del país, ni aprobar el
curriculum que deberá ser católico en todo el sentido de la expresión e
imponible a todas las instituciones que sirven educación en el país.
La Ley General de Educación
66-97, establece en su artículo 76, lo siguiente: “El Consejo Nacional de
Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa y
junto al Secretario de Estado de Educación es el encargado de establecer
la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de
competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones
públicas y privadas que realizan funciones educativas” y más adelante en el
acápite g) de su artículo 78, especifica que es facultad del Consejo Nacional
de Educación: “Aprobar el currículo de los distintos niveles y modalidades y
sus reformas”.
De igual manera la Ley 139-01
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece en su artículo 35
que para cumplir con su misión, el Ministerio de Estado de
Educación Superior realizará, a través de sus organismos, las siguientes
funciones:
A. Formulación
de políticas públicas en las áreas de educación superior, ciencia y tecnología;
B. Planeación;
C. Promoción;
D. Evaluación,
supervisión y ejecución.
A su vez, el papel de la
Universidades, su relación con el Estado y el principio de autonomía, está
definido en el contenido del artículo 63 de la Constitución Dominicana, que
establece en su acápite 7, que “El Estado debe velar por la calidad de la
educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de
conformidad con lo que establezca la ley, garantizará la autonomía
universitaria y la libertad de cátedra”, y en el acápite 8, indica que:
“Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios
estatutos, de conformidad con la ley”.
Como se puede apreciar en los
textos legales citados, trazar las políticas públicas en materia educativa es
una responsabilidad de los poderes públicos, por cuanto no es papel de
ninguna universidad o de parte de ellas, atribuirse dichas competencias. Corresponde
a las universidades servir con apego a las directrices trazadas por los poderes
públicos a los fines de que sus egresados puedan obtener las competencias
formativas y las pericias requeridas por las normativas adoptadas por los
organismos que establece la Ley.
Todo cambio genera
incertidumbre y esta resistencia, pero es el cambio lo único permanente
en el tiempo y el espacio y mientras más nos tardemos en asumirlo, menos
posibilidades tendremos de aprovechar las oportunidades que encierra, por lo
que es preferible dejar de lado esta bizantina discusión y disponernos a
realizar la parte que nos toca, así sea con reservas, porque lo que no debe
hacer la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD, es aislarse.
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