Piden al presidente eliminar la DICAN

Sede de la DICAN

SANTO DOMINGO.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), presentaron este viernes la denuncia sobre las detenciones arbitrarias e ilegales de la que son objeto más de 15 jóvenes,  a los cuales  las autoridades policiales y agentes antinarcóticos de la provincia Espaillat supuestamente le colocaron drogas.

La información es el resultado de una investigación realizada por ambas organizaciones, la cual dio como resultado que los jóvenes se encuentran cumpliendo medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, por supuestamente estar traficando con drogas.

“Producto de esta investigación hemos podido constatar con testimonio de imputados, que estos  se encuentran guardando prisión porque  no accedieron al “chantaje y peaje” que imponía el coronel Nelson Valenzuela. Está demostrado que les pusieron droga”, denunciaron los representantes de estas organizaciones.

Ambas entidades solicitan al Procurador General de la República, Jean Alain Rodrìguez, que designe una comisión para investigar los casos de cada uno de estos ciudadanos que están cumpliendo una medida de coerción  por el simple hecho de haberse negado a pagar el precio que le ponía el coronel Valenzuela a la libertad de cada una de ellos.

Precisaron que el anterior jefe de la policía, general Castro Castillo, declaró que el narcotraficante Cristian Matatán mantenía una nominilla de más de un millón de pesos, que les pagaba a la Policía y en ese momento quien comandaba la dotación policial en San Cristóbal era el coronel Valenzuela Madera; el mismo comandante que dirigió la operación en la que se le colocó droga al dirigente comunitario Juan Comprès (Guanchy).

“Condenamos de manera enérgica esta mala práctica, por ser violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos. Es inconcebible realizar detenciones por el solo hecho de  negarse a pagar el chantaje o peaje que están cobrando estos agentes”, criticaron.

Tanto el Observatorio como la CNDH-RD coinciden en que es necesaria la desarticulación de la  Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), pues a su entender la misma no tiene una base legal que la sustente. Según señalaron, esa institución nació como un “capricho” del exjefe de la Policía, Guillermo Guzmán Fermín y la misma solo ha venido a incrementar el chantaje,  soborno, cobro de peaje y en ocasiones hasta el robo de drogas y dinero, tal como se ha demostrado en varias ocasiones.

“Les estamos haciendo un llamado  al presidente de la República como jefe supremo de la Policía y las Fuerzas Armadas para que mediante un decreto elimine la Dirección Central Antinarcoticos (DICAN) y estas funciones sean traspasada exclusivamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tal y como establece la Ley 50-88 en su artículo 10”, apelaron.