Por Francisco Luciano
 |
| (Opinión) |
La información que da cuenta de que el
Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró la visa que para ingresar a
su territorio había otorgado al doctor Roberto Rosario, tanto de su
pasaporte personal como del oficial, viene a cumplir la advertencia
que el propio Roberto Rosario reveló le hizo el señor Embajador de los
Estados Unidos hace unos meses, cuando tuvieron diferencias por asuntos de
nuestra soberanía que competen a las funciones que realiza Roberto.
Cada país es soberano y tiene el derecho a decidir
a quién permite ingresar a su territorio, por lo tanto la decisión del
Departamento de Estado de los Estados Unidos es un derecho constitucional
que le asiste.
Ahora bien, la acción es un acto no amistoso del
gobierno de los Estados Unidos no con Roberto Rosario, sino con República
Dominicana, pues se trata de un funcionario del más alto nivel de nuestro
pequeño, pero soberano Estado.
Esta decisión, se presume como el resultado de la
intolerancia gringa, frente a las diferencias sostenidas entre Roberto
Rosario y el Embajador de los Estados Unidos en el país, sobre la
aplicación de la Sentencia 168-13, y la manera de conducir las pasadas
elecciones.
Es de todos conocido que la Embajada de los Estados
Unidos solicitó se le acreditara como observadora en el pasado proceso
electoral, lo que Roberto Rosario consideró inapropiado pues ningún Estado
tiene derecho de observar los actos soberanos de otro, sin que esto sea
considerado una intromisión.
De igual manera todos debemos recordar que el
Embajador de los Estados Unidos denunció que más de quinientos ciudadanos
dominicanos habían sido despojado de su nacionalidad, a lo que Roberto Rosario
respondió calificando la denuncia como una mentira y pidió se
proporcionaran las pruebas, al tiempo que estableció que a partir de ese
momento cualquier información que el señor Embajador pudiere requerir del
organismo que preside debería solicitarla vía la cancillería dominicana,
puesto que el embajador no creía en la JCE y la JCE tampoco creía
en el Embajador.
De igual modo Roberto Rosario dispuso la apertura
de una oficina de la JCE en la propia cancillería dominicana con el propósito
de que el Embajador de los Estados Unidos y el de la Unión Europea que también
denunciaba despojo de nacionalidad a dominicanos de origen haitiano,
presentaran allí los casos de que decían tener información. No se debe
olvidar que en seis meses, se presentó un solo caso en dicha
dotación, y que además no fue presentado por ninguna de las dos
embajadas.
La decisión del Departamento de Estado es un acto
de soberbia y no amistoso para con nuestro país y es una brillante oportunidad
para que la clase política de la nación demuestre la calidad de su pasta y
rechazando dicha medida, pues se trata de una acción funcionarios
intolerantes de un país que a nadie pide opinión para adoptar sus
decisiones soberanas, pero que pretende se le pida permiso al
momento de tomar las decisiones ajenas.
Roberto Rosario ha prometido referirse al tema en
el momento que considere oportuno y sabemos que lo hará en el plano del respeto
que le caracteriza, pero si de algo puede estar seguro es de que sus
actuaciones en defensa de nuestra soberanía como Estado libre nunca serán
cuestionadas y serán reconocidas por la presente y futuras generaciones de
dominicanos, pues ya lo dijo en 1869 el general Gregorio Luperón al
referirse a la intromisión del presidente de los Estados Unidos Ulises Grant
en los asuntos internos de la República Dominicana, “Las estafas de este
género no tienen porvenir, no se borra una nación, por pequeña que sea, como
una huella estampada sobre arenas…
El autor es catedrático universitario y dirigente
del PTD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario