Por Francisco Luciano
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| Opinión |
El país tendrá que vivir en los próximos meses, un interesante debate que
deberá conducir a las fuerzas políticas, sociales y económicas a confrontar sus
ideas, planes y proyectos, habiendo de decidir cuál es el país que
queremos tener y que obligará a pactar una agenda de desarrollo para
implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo definida hasta 2030.
Desde antes de ser electo en 2012, el entonces candidato presidencial del
Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de los Trabajadores Dominicanos,
PTD y docena de partidos aliados, Danilo Medina, se planteó alcanzar la
firma de tres grandes pactos, necesarios para afianzar el aparatado
productivo del país sobre bases sostenibles. Danilo Medina, se
propuso liderar un Pacto por la Calidad de la Educación, un Pacto Eléctrico y
un Pacto Fiscal.
El Pacto por la Educación fue suscrito en 2013 y hasta la fecha el gobierno
ha cumplido con la asignación del 4% del PIB, y ha desarrollado un acelerado
programa de construcción de escuelas, remodelación de muchas edificaciones
educativas y avanzado en la incorporación de una buena cantidad de estas a la
denominada Tanda Extendida, mejorando las atenciones a alumnos suministrándoles
alimentos, libros, uniformes y atenciones médicas. Del mismo modo se ha establecido
como norma la selección de los docentes por concurso de competencias y mejorado
los salarios de los mismos.
Sobre la mesa se encuentran la discusión del Pacto Eléctrico y el Pacto
Fiscal, que han encontrado obstáculos producto de los intereses encontrados,
que cohabitan en la sociedad dominicana. La resistencia natural de
un empresariado que desea mantener vigente unos contratos eléctricos
que les conceden derechos y beneficios irritantes en el negocio de
la energía, en detrimento del Estado y la sociedad dominicana, así como
de importantes incentivos y subsidios que sobrepasan la equivalencia del
20% del Presupuesto Nacional.
Transcurridas las elecciones y planteada la necesidad de suscribir un Pacto
Fiscal que permita a la sociedad dominicana adecuar sus políticas impositivas,
reducir las exenciones y elevar la calidad del gasto
público, para garantizar el financiamiento del país que queremos,
ha provocado que el empresariado liderado por el CONEP respondiera con una
línea de ataque que ha sido tradicional en ellos.
Frente al tema de los impuestos el liderazgo empresarial ha sido
reiterativo en ripostar acusando a la clase política de ineficiente y
corrupta en el manejo de los ingresos públicos, es solo que esta vez, desde el
gobierno por vía del ministro Peralta, de aceptarles desnudar la
“supuesta” corrupción política con la publicación de los políticos
corruptos a cambio de publicar la relación de los empresarios
evasores de impuestos, ante lo cual cambiaron el CONEP en voz de su
presidente asumió como discurso de la oposición política en lo
relativo a cuestionar los resultados de las elecciones, calificándolas de
fraudulentas y puesto como condición discutir primero la agenda política,
es decir, aprobando la Ley Electoral y de Partidos Políticos, exigiendo
cuotas en la Junta Central Electoral, las Altas Cortes y la Cámara de Cuentas, bajo el alegato de que dichos organismos tienen que ser integrados por personas
independientes.
Desde el gobierno se asumió la agenda propuesta por el CONEP, y no podía
ser de otra manera, porque esa agenda es la misma que propuso el presidente
Danilo Medina, días después de su elección como presidente en una
alocución dirigida desde el local del PLD en Mayo 2012, en la que planteo
la necesidad de dotar al país de una Ley de Partidos que garantice la
democracia interna de estas instituciones, más equitativa e inclusiva, así como una Ley Electoral, donde se limite el uso de recursos económicos
poniéndole un tope a los gastos de campaña al partido que menos pueda, que
regule la publicidad y la propaganda política, así como que transparente la
contribución privada a los partidos y candidatos.
El debate al que tendremos que acudir, los empresarios se preparan para
repartir lo que no tienen y preservar lo que tienen y para ello han
iniciado tratando de presionar para que el gobierno les entregue las plantas a
carbón construidas en Punta Catalina, Bani, las mismas plantas que trataron de
satanizar, primero calificándolas de contaminantes, luego de mafia en la
licitación, después de sobre valuadas y finalmente como responsable
de la supuesta quiebra del Banreservas.
El gobierno tendrá que acudir al 62% de la población que le respaldó en las
urnas, para enfrentar la campaña despiadada que le vendrá encima por parte de
un empresariado que si bien genera riquezas, empleos, bienes y servicios
para producción nacional, también es altamente subsidiado por el Estado y
avariciosamente tramposo, pues con contadas excepciones una buena parte si no
es evasora y la otra mentirosa, al momento pagar impuesto.
Desde el gobierno será necesario corregir deficiencias eliminando
desenfrenos de instancias y actores gubernamentales que pudieran
usarse como pretextos de un empresariado que se apandilla para garantizar
sus intereses, sin importarle los índices de pobreza y exclusión al que su
insaciable gula somete a buena parte de la nación.
Quienes obtuvieron el apoyo del 62% de la población para gobernar los
próximos cuatro años deben prestar atención a la idoneidad y compromiso
de nación de los ciudadanos y ciudadanas que designaran al frente de las Altas Cortes,
la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, pues aunque deben escuchar y
evaluar todas las posibilidades, aquí nadie votó por el CONEP, ni
por la Sociedad Civil y menos por serviles de gobiernos extranjeros. La gente
voto por el PLD y sus aliados y al final de la jornada, lo bueno o malo que
resulte el desempeño de los designados, será responsabilidad de los políticos
que tomaran la decisión y a nadie más se premiará o castigará
por los resultados.
El autor
es catedrático universitario y dirigente del PTD
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