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Neo Carmona
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| Opinión |
Con la visita del señor
embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally
Brewster, junto a su esposo el señor Bob Satawake, a un
importante centro educativo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde
interactuó con estudiantes adolecentes sobre diversos temas, entre los que no
se incluyó su preferencia sexual ni mucho menos, una vez más se ha puesto de
manifiesto en nuestra sociedad la intolerancia y discriminación de que son
víctimas las minorías LGBTI, cuyo accionar “contradice” las
tradiciones culturales y morales impuesta por un pequeño grupo ultra
conservador e hipócrita, cabe decir, sin ninguna calidad moral para ello
y muy lejos de ser referente alguno de lo que es o debe ser moral y éticamente
correcto.
La homosexualidad
responsable y pública, aquella que se enorgullece y no se avergüenza de su
propia naturaleza, que no se esconde y lucha cada día por lograr mayores
espacios de reconocimiento, participación y respeto dentro de la sociedad que
se los debe, provoca muchas pasiones y el desgarre descarado de sotanas como
las del cardenal que posaron bien planchaditas y almidonadas al lado de nuncio
apostólico de su santidad, Josef Wesolowski, quien reclutaba niños paupérrimos
del malecón para satisfacer su perversidad e inmundicia.
Con la otra homosexualidad:
la privada y siniestra, como la del Wesolowski pedófilo y pederasta, o la del
padre Gil de Juncalito, o como la que encubrió De la Rosa y Carpio, y el mismo
don Nico, y que se practicaba, sadomasoquismo y ritos satánicos incluidos, en
el albergue de Higüey; aquella que se lleva a cabo a escondidas bajo el telón
de matrimonios y familias aparentemente felices, carreras políticas muy
prosperas y arquidiócesis al servicio de Cristo, sucede todo lo contrario.
Es así como la sociedad
dominicana, presa del subdesarrollo y manejada a su antojo por la doble moral
de esa elite corrupta, en las últimas semanas ha sido inundada de forma
premeditada y soterrada a través de los medios de comunicación que responden a
esos intereses y los agentes pagos que hacen opinión pública, de toda una
avalancha de noticias e informaciones sobre lo “pernicioso de la homosexualidad
del embajador, aquel que quiere que nuestros niños y niñas sean gays y
lesbianas, y que quiere imponer su agenda LGBTI a los pulcros e indelebles
valores de la patria”. Esto con el único objetivo de distraer a los dominicanos
de temas cruciales que analizados objetivamente por los contribuyentes podrían,
y ojalá que finalmente así resulte, hacer colapsar los intentos reeleccionistas
de grupos de poder, jerarquías eclesiásticas incluidas, establecidos como
mafias en todos los estamentos y poderes del estado.
Entonces nos pasan de lado el
debate y el análisis de temas como la corrupción rampante, el asalto al erario
público para comprar adeptos a la reelección y financiar
el enriquecimiento ilícito de los compañeros del partido,
la inseguridad ciudadana y la delincuencia, el alto costo de la vida, el
aumento indiscriminado y sin justificación de los precios de los combustibles,
la falta de institucionalidad, la baja calidad de la educación, la falta de
controles y transparencia en el manejo de la cosa pública, el deficiente
servicio de salud, la degradación de la justicia y el ultraje de la
constitución y leyes nacionales.
Lo mismo sucede con otros
temas igual de importantes como el tráfico ilegal de drogas y de nacionales
haitianos con la complicidad entusiasta y bien remunerada de los militares, la
policía y funcionarios del gobierno, los escándalos internacionales de
corrupción de las empresas brasileñas ODEBRECHT y PETROBRAS, la sobrevaluación
de la Planta de Punta Catalina y el jugoso soborno a representantes del estado
dominicano por la compra de los famosos aviones súper tucanos, así como los
pagos ilegales a Joao Santana y su esposa, principales
asesores de la campaña a la reelección, los cuales involucran
directamente al presidente y al gobierno. Estos temas han sido relegados del
debate público hasta hacerlos casi desaparecer. Siendo estos los que precisan una
difusión y discusión seria por parte de los medios de comunicación y la
población en sentido general.
La sexualidad, ya sea
homosexual o heterosexual, es una práctica privada, de competencia exclusiva de
cada quien sin importar su rango, la función pública o diplomática que ejerza o
el segmento social al que pertenezca. Y es un deber del Estado garantizar que
este derecho individual de sus ciudadanos pueda ser ejercido a plenitud sin que
esto conlleve persecución, humillaciones y la aberrante exclusión social que
tanto mal nos hace como nación.
El debate sobre la
homosexualidad y los derechos humanos de las personas LGBTI debe ser
correctamente abordado por el Estado en todas las esferas sociales, empezando
por los hogares, por las escuelas y los colegios de manera que podamos formar a
nuestros hijos de forma adecuada sobre la aceptación y el respeto a los demás,
la no discriminación hacia quienes tienen una orientación sexual diferente o
por cualquier otra índole, así como el derecho que tienen de desarrollarla y
ejercerla.
Este debate es tan urgente
y necesario como el que nos han obligado a dejar de lado.
Llevémoslo a la par y con
conciencia y criterio de lo que nos corresponde hacer para salir de esta
podredumbre en la que han convertido a nuestro país.
No fue casual antes. No lo
es ahora y no pretendamos que sea así en el futuro.
El autor es estudiante y
servidor universitario
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