Por: José S. Méndez
Opinión |
Hay quienes se atreven a afirmar que
la corrupción es propia a la democracia, la democracia como orden político
plural, esencialmente civil, sujeto a leyes y a su imperio soberano, existe no
solo para que nos gobernemos a nosotros mismos, sino para que garanticemos la
reducción a la mínima expresión posible de la ilegalidad, el saqueo, la
depredación de la riqueza pública y para que contengamos los excesos de
arbitrariedades gubernamentales.
Ello quiere decir que si los
ciudadanos en la República Dominicana, actuaran con los niveles Éticos y
Morales que requieren desempeñarse en los cargos públicos y privados no haría
falta la democracia constitucional, ni tribunales, ni gobierno alguno.
Los repetidos casos de corrupción
política que se han producido en el Estado Dominicano desde la llegada de la
democracia han generado una sensación de inseguridad moral y sospecha ante la
función pública que ignora sistemáticamente la notable actividad de los
tribunales de Justicia y la condena y prisión de toda suerte de corruptos,
incluido varios dirigentes políticos de diversos gobiernos y toda clase de
delincuentes políticos.
Toda esa dejadez de los Tribunales
Dominicanos en no administrar justicia con la debida firmeza a los que desfalcan
el erario público, motiva a pensar que la sociedad Dominicana se encamina hacia
una pendiente muy peligrosa: “donde to eh to y
na eh na” es asombroso los casos de corrupción que se han acontecido en el país,
como son los casos de los pilotos franceses narcotraficantes, Pascal Fauret y Bruno
Odos, quienes estaban condenados a 20 años de prisión por haber introducido al
país más de 700 kilogramos de cocaína, valorados en 300 millones de euros y se
fugaron hacia Francia.
También debemos mencionar los casos
del síndico de Bayaguana, Nelson Sosa (Opy), quien pago a sicarios para que
mataran al regidor Renato de Jesús Castillo, otro suceso es el de la Dirección
Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), donde están implicados tres
coroneles, tres fiscales y el exdirector del organismo el coronel Carlos
Fernández Valerio, acusado del robo de 1,200 kilos de cocaína. También otro
asunto bochornoso es el relacionado con la Oficina de Ingenieros Supervisores
de Obras del Estado, para tan solo citar esos casos de tantos que amargan el
diario vivir de la sociedad Dominicana.
Quién duda, que gran parte de la
industria mediática vive y prospera gracias a la explotación comercial de los
escándalos de corrupción, y por lo tanto tiene un interés directo en fomentarlo
para seguir ascendiendo y por ello viola la privacidad y los derechos de los
individuos a no transformarse en carnada mediática.
Es necesario subordinar las fuerzas
de la sociedad a los principios de una moral elaborada por la razón, en la cual
impere el respeto, la responsabilidad, la lealtad, el desempeño del trabajo
honrado, pero todo esto se logra invirtiendo en la familia, en los jóvenes, en
la escuela y en campañas de difusión de los valores humanos, “porque una
sociedad sin valores dejara de ser humana”.
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