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| Margarita Liriano (Opinión) |
La Procuraduría general ya tiene en calidad de detenido a un
oficial de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), el coronel
Carlos Fernández Valerio, quien se desempeñaba
como jefe de dicho departamento antes de que saliera a la luz pública su
implicación en el robo de un alijo de mil 500 kilos de drogas; las mismas
fueron decomisadas en el ensanche Isabelita, Boca Chica y la zona costera de
Miches.
En la investigación también se detuvo al fiscal Ramón Augusto Veras Castro.
La Policía nacional y la Justicia se ven involucrados en
hechos de esta naturaleza, y nos preguntamos si esos miembros y representantes públicos ya
estaban acostumbrados a realizar estas actividades ilícitas y es ahora que se descubre su acción, o si esta clase de tumbes también se realizan en otras zonas del
país?
La debilidad de las instituciones públicas, en especial el
Poder Judicial tiene muchos trapos que
lavar y que la ciudadanía debe conocer, la persona que no esté apta para desempeñar funciones
que ameriten pulcritud y ética debe ser separada de sus labores, pues qué nos
queda a los ciudadanos si esas son las personas que nos representan?
Ahora se dice que eran mil 200 kilos de drogas y no mil 500
como se dijo en un principio y los 300 dónde fueron a parar? ¿dónde está la
droga?, no basta con detener a los implicados del caso. Las autoridades
competentes tienen un gran desafío en aclarar y despejar todas estas dudas que
hoy tiene la población, pero sobre todo ejemplificar con castigo a todos los
relacionados con el caso Dican.
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