Destino común:

República Dominicana y Haití

Por Francisco Luciano

Francisco Luciano (Opinión)

Sobre la migración haitiana hacia la República Dominicana, se ha tejido una madeja para enredar las cosas, hasta el punto de que las posiciones encontradas interpretan con sordera la real situación de las relaciones de ambos pueblos, tanto en el plano humano como legal. Las cosas se encuentran a un nivel de algidez que en el momento actual nadie escucha a nadie y todos se creen poseedores del derecho y la razón.

La sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional ha sido interpretada, tanto en contra como a favor por los sectores enfrentados, atribuyendo a la misma un alcance que no expresa, ni ordena, como por ejemplo “que despoja de la nacionalidad a ciudadanos dominicanos” o que “ordena la expulsión de ciudadanos haitianos”

Ninguna de las dos cosas son ciertas porque la misma se limita a precisar quiénes son dominicanos y a plantear la necesidad de regular los ciudadanos extranjeros que viven en el país en condiciones de transito o de manera ilegal, sin indicar nacionalidades.

Por otra parte se asegura que de no otorgárseles el derecho de la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito o en condiciones de ilegales que viven en nuestro país, estos niños serian apátridas.

Este es un argumento absurdo, pues legalmente no existen seres humanos apátridas, ya que todas las constituciones del mundo conceden el derecho de la nacionalidad a los hijos de sus nacionales sin importar el lugar de su nacimiento.

Lo que sí es cierto es que muchos hijos de extranjeros nacidos en nuestro suelo, nunca han visitado el país de sus padres y por lo tanto no tienen ningún tipo de vínculo con ese país, ya que en el, no conocen a nadie y nadie los conoce y en algunos casos no hablan el idioma.

Esa es una realidad a la que tiene que buscársele una solución adecuada y humana. Necesariamente habrá que encontrar la manera de regularizarlos y de permitirles continuar sus vidas en la República Dominicana, aunque tengamos que concederle el derecho de nacionalidad por excepción, tomando en cuenta el tiempo de residencia en el país, pues no es lo mismo una persona que tiene diez, veinte, treinta o cuarenta años viviendo en la República Dominicana a una que lleva dos o tres años

Si bien es cierto que una acción ilegal no puede parir como resultados legales, como bien afirman los que postulan a favor de la sentencia 168-13, no es menos cierto que eso se puede aplicar al derecho comercial o de propiedad, pero no al drama de seres humanos que han aprendido a querer y amar a la República Dominicana y en honor a la verdad no conocen otra patria que esta.

El caso más dramático de los extranjeros sin arraigo y sin raíces en su país de origen es el de los de descendencia haitiana, porque son víctimas de la displicencia, tanto del Estado Haitiano como del dominicano.

El estado haitiano nunca ha puesto interés para resolver la situación de miseria que provoca el éxodo de los hijos de la patria de Toussaint Loverture hacia otros confines y más bien lo incentiva para escabullir sus responsabilidades para con ellos.

De su lado al estado dominicano le ha faltado entereza para frenar la migración ilegal de ciudadanos haitianos hacia nuestro territorio , haciéndose de la vista gorda con un empresariado indigno que actuando en búsqueda de aumentar sus riquezas particulares, promueve la migración haitiana a nuestro territorio para aprovecharse de su bajo costo de su mano de obra.

Es falso que en la República Dominicana exista persecución y deportaciones masivas contra nacionales haitianos; es más, el estado dominicano tiene como política ampararlos y recibirlos, dándole un trato de tolerancia y humanitario, y esto lo prueba el hecho de que en nuestros hospitales públicos se atiende de manera gratuita a las parturientas de origen haitiano, representando dicha población el 30% de los partos que se realizan en la República Dominicana asumiendo un costo económico muy alto para un país que no dispone de los recursos necesarios para atender adecuadamente a su propia población.

Otra situación que viene a demostrar que el Estado Dominicano no persigue a los nacionales haitianos que viven en su territorio, lo evidencia el hecho de que los trabajadores agrícolas, de la construcción y de otros sectores de nuestra economía que suman millares, circulan libremente y pueden enviar el dinero que se ganan hacia su país, sin ningún tipo de cargas o gravámenes por parte del estado dominicano.

Ha sido una tradición que en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, se establezcan decisiones que condenan a la República Dominicana, porque supuestamente se brinda un trato inadecuado, racista y de esclavos a los nacionales haitianos en el país.

Es famosa la condena que recibimos por la muerte de dos nacionales haitianos en un accidente de tránsito mientras eran transportados desde la comunidad de Polo hasta el Cruce de Cabral en la provincia de Barahona al suroeste de la República Dominicana, el alegato para establecer la condena fue que murieron porque eran transportados de forma inhumana en la parte trasera de una camioneta.

Presentado así, el mundo podría horrorizarse por ese ”trato despiadado” de los dominicanos contra los haitianos. Lo que nunca se dijo es que ese es el tipo de transporte de que se dispone en esa zona para todo quien necesita transportase en la misma, sin importar su nacionalidad o estatus social.

Las ONGs que llevaron la acusación, nunca dijeron a la CIDH, que en ese mismo accidente, también murieron 23 ciudadanos dominicanos, incluida una maestra en estado de embarazo y el propio conductor de la camioneta.

Las organizaciones que dicen defender los derechos de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, han sometido a nuestro país, porque tenemos a menores y a mujeres haitianas con niños en los brazos mendigando en nuestras calles o porque mujeres haitianas han fallecido mientras se les practicaba un parto en uno de nuestros hospitales, o porque existen mujeres de ese país en prostíbulos de nuestro territorio.

Esas noticias son difundidas y llevadas ante las delegaciones diplomáticas en las distintas naciones como prueba de que en la República Dominicana los migrantes haitianos “son explotados y maltratados inmisericordemente”.

Estaría totalmente de acuerdo con estas denuncias, si no fuera porque por cada niño haitiano que mendiga en nuestras calles tenemos 19 niños dominicanos en iguales o peores condiciones. Si nuestros ancianos y gente con discapacidad no estuvieran en todas las esquinas pidiendo limosnas me asombraría de que mujeres haitianas con niños se encuentren mendigando en nuestra esquinas.

Confieso que la rabia y la vergüenza me matan cuando muere una mujer haitiana en un parto, esa misma rabia acompañada de impotencia es la que siento también, porque de cada tres mujeres fallecidas al momento del parto en nuestros hospitales, dos son dominicanas.

Horrorizado estoy de que mujeres de nacionalidad haitiana ejerzan la prostitución en nuestro país, pero también de ver todas las noches a jóvenes mujeres dominicanas ejerciendo la prostitución en pleno malecón.
Lo que me sorprende es que el estado haitiano que ha sido incapaz de organizar el Registro del Estado Civil para registrar sus nacionales y no ha encontrado la manera para construir la cantidad de escuelas que le permitan superar los altos niveles de analfabetismo que pesan sobre su población, disponga de recursos para construir un muro que le separe de la República Dominicana, en un hecho que debe avergonzar a quienes diciendo defender la causa de los derechos haitianos, callan ante este absurdo y sobre todo porque el tal muro no se construye para evitar el éxodo de haitianos, sino que es para supuestamente impedir el comercio que abastece a su población de las necesidades.

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad del estado dominicano, se mantiene una política de privilegios con los estudiantes de nacionalidad haitiana, a los cuales se les cobra una tarifa especial menor a la mitad de la que oficialmente se aplica a los demás estudiantes extranjeros en el país, pese a suponerse que dada las condiciones de desigualdad social que vive Haití, es improbable que algún haitiano pobre pueda recibirse de bachiller y menos cubrir los costos mínimos requeridos para sostenerse estudiando en el extranjero.

Lo anterior constituye una evidencia contundente de que no existe una política racista o de segregación por parte del gobierno dominicano contra los nacionales del hermano país.

Finalmente quiero dejar establecido lo siguiente:

1.- La sentencia del Tribunal Constitucional es inapelable e independientemente de lo se crea de ella, no está en discusión su aplicación. Ni el poder ejecutivo ni ninguna fuerza está por encima del Tribunal Constitucional.
2.-No existen niños apátridas, porque todo niño tiene derecho a la nacionalidad de sus padres.
3.-El Estado dominicano esta en el deber de buscarle una salida humana a los nacidos en nuestro país, hijos de haitianos y de otras nacionalidades en condiciones de transito, por cuanto en Haití no conocen a nadie, ni tienen relaciones sociales de ninguna índoles, aunque sea estableciendo una regla de excepción que no contravenga la disposición constitucional adoptada.
4.-Que debe acelerarse la regularización de los nacionales de todos los países residentes en el país a los fines de que puedan tener acceso al derecho de la seguridad social.
5.-Que constituye un absurdo solicitar condenas contra la República Dominicana, por no dar a los ciudadanos extranjeros lo que no puede garantizar para los suyos.
6.- Que el Estado Dominicano y el haitiano tienen que sentarse a regularizar, con protocolos claros, todas sus relaciones, en los planos diplomático, comercial y migratorio en base al principio de “ganar, ganar” y de la reciprocidad.
7.-Que el Estado Dominicano no puede ni debe renunciar a su derecho soberano de controlar la presencia extranjera en su territorio, sin que para ello tenga que recurrir a acciones que violenten los derechos humanos de las personas.
8.-La comunidad internacional debe mostrarse comprensiva y actuar como mediadora para armonizar las relaciones entre Haití y la República Dominicana, sin parcializarse pues no deben olvidarse las condiciones históricas en que la República Dominicana alcanzó su independencia, ni las condiciones en que Haití fue saqueado y despojado de sus riquezas naturales por las grandes potencias que hoy fingen ser sus protectores.
9.- Hacemos votos por mantener la armonía entre los dos Estados, los dos gobiernos y los dos pueblos, para que puedan alcanzar el mayor de los desarrollos y derrotar al factor común que les afecta: La pobreza de su gente.

23 de Noviembre 2013.
Varadero, Cuba.

El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.