Politica, economía

lunes, marzo 27, 2017

Los maestros tienen el deber y el derecho

Por Francisco Luciano

Opinión
La sentencia de un juez, que declaro ilegal una huelga de maestros en la provincia de Barahona, puede ser aprovechada por los actores del sector educativo, como una oportunidad que  lleve a definir un acuerdo que garantice el derecho a la educación sin interrupciones y al mismo tiempo la adecuación de los ingresos del magisterio. De lo que se trata es de que prime un mecanismo con fuerza de Ley para evitar perdida de docencia por paros y huelgas de los maestros.

El juez, al ser apoderado, decidió conforme el criterio de beneficiar a la mayoría involucrada, en este caso los estudiantes y sus familias constituyen una mayoría numéricamente superior a cantidad de maestros reclamantes  y eso habría de esperarse en una sociedad que aspira a construir un Estado Social de Derechos. Los maestros podrían alegar que el derecho a la huelga, está motivado en que los bajos salarios atentan contra sus vidas que es el derecho fundamental más importante.  Por otro lado la decisión del juez puede ser interpretada como la criminalización de la huelga como método de lucha, pues a partir de la sentencia esta pasa a ser ilegal, creando un precedente al que podría invocarse, para anular cualquier paralización futura.


Independientemente, de la interpretación que se pueda tener a favor o en contra de la decisión del juez de la corte en Barahona, la medida resulta simpática a una amplia mayoría de la sociedad que asume, con toda razón, que la  falta de educación de nuestra población es un factor determinante para reproducir los niveles de pobreza, violencia, criminalidad y corrupción que padece la República Dominicana. La acción de paralizar la escuela, tiene a partir de la implementación de la tanda extendida un componente que impide que los padres vean las paralizaciones con simpatías, ahora la escuela es garante de la alimentación de los alumnos y su cuido hasta las cuatro de la tarde,  permite a los padres y tutores comprometer ese tiempo en otras actividades que se afectan cuando los niños deben quedarse en los hogares.

Por otro lado, tenemos que reconocer que salvo por el astreintes de cincuenta mil pesos diarios contra la Asociación Dominicana de Profesores, el Estado no dispone de  ningún mecanismo para obligar a los maestros a reintegrarse a sus labores, que no sea el civismo de estos, es decir que decidan acoger la sentencia por simple respeto a la Ley. Esta sentencia plantea un reto a los maestros que tendrán que  ser más creativos aplicando  métodos de lucha que resulten efectivos al tiempo que  persuadan a la comunidad nacional de sus justas razones.

De su lado el gobierno que constitucionalmente tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública pertinente y de calidad para todos los dominicanos sin más limitaciones que las de los propios individuos, debe garantizar que el  maestros como recurso fundamental para gestionar el procesos educativo pueda disponer de las condiciones materiales que le den la paz de espíritu necesaria para acometer su labor libre de preocupaciones y tormentos. 

Una manera de dejar atrás las paralizaciones por demandas salariales en el sector educativo, que podría ser extensiva al sector salud, podría ser la adopción de un acuerdo de ley que establezca cual deber ser el salario ideal de los maestros, y establecer que en cada presupuesto durante un periodo de tiempo específico, los maestros recibirán un incremento al salario equivalente a la inflación estimada del ano que cierra más un 5% al salario base, hasta alcanzar el salario justo aproximado y a partir de ahí, ósea alcanzado el monto de salario establecido, cada año se indexe el salario de médicos y maestros aplicando un incremento equivalente a la inflación. Una medida como esta puede garantizarse en el caso de la educación, debido a que los recursos para esta son crecientes.

Loa maestros tiene el deber de educar, formar y orientar  a sus alumnos para hacerlos ciudadanos con los valores que requiere la nación dominicana para perpetuarse en el tiempo, pero también tienen el derecho a ser remunerados  de manera justa y por lo tanto debe  aplicarse una medida que corrija en el tiempo los bajos salarios de los mismos, por lo que  no se debe olvidar que el maestro es  un servidor que debe ser protegido en su integridad y dignidad por los poderes públicos, de acuerdo con nuestra Constitución política.


El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.

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