Por Francisco Luciano
 |
| Opinión |
La sentencia de un juez, que declaro ilegal una huelga de maestros en la
provincia de Barahona, puede ser aprovechada por los actores del sector
educativo, como una oportunidad que lleve a definir un acuerdo que
garantice el derecho a la educación sin interrupciones y al mismo tiempo la
adecuación de los ingresos del magisterio. De lo que se trata es de que prime
un mecanismo con fuerza de Ley para evitar perdida de docencia por paros y
huelgas de los maestros.
El juez, al ser apoderado, decidió conforme el criterio de beneficiar a la
mayoría involucrada, en este caso los estudiantes y sus familias constituyen
una mayoría numéricamente superior a cantidad de maestros reclamantes y
eso habría de esperarse en una sociedad que aspira a construir un Estado Social
de Derechos. Los maestros podrían alegar que el derecho a la huelga, está
motivado en que los bajos salarios atentan contra sus vidas que es el derecho
fundamental más importante. Por otro lado la decisión del juez puede ser
interpretada como la criminalización de la huelga como método de lucha, pues a
partir de la sentencia esta pasa a ser ilegal, creando un precedente al que podría
invocarse, para anular cualquier paralización futura.
Independientemente, de la interpretación que se pueda tener a favor o en
contra de la decisión del juez de la corte en Barahona, la medida resulta
simpática a una amplia mayoría de la sociedad que asume, con toda razón, que la
falta de educación de nuestra población es un factor determinante para
reproducir los niveles de pobreza, violencia, criminalidad y corrupción que
padece la República Dominicana. La acción de paralizar la escuela, tiene
a partir de la implementación de la tanda extendida un componente que impide
que los padres vean las paralizaciones con simpatías, ahora la escuela es
garante de la alimentación de los alumnos y su cuido hasta las cuatro de la
tarde, permite a los padres y tutores comprometer ese tiempo en otras
actividades que se afectan cuando los niños deben quedarse en los hogares.
Por otro lado, tenemos que reconocer que salvo por el astreintes de
cincuenta mil pesos diarios contra la Asociación Dominicana de Profesores, el Estado no dispone de ningún mecanismo para obligar a los
maestros a reintegrarse a sus labores, que no sea el civismo de estos, es decir
que decidan acoger la sentencia por simple respeto a la Ley. Esta
sentencia plantea un reto a los maestros que tendrán que ser más
creativos aplicando métodos de lucha que resulten efectivos al tiempo
que persuadan a la comunidad nacional de sus justas razones.
De su lado el gobierno que constitucionalmente tiene la obligación de
garantizar el derecho a una educación pública pertinente y de calidad para
todos los dominicanos sin más limitaciones que las de los propios individuos,
debe garantizar que el maestros como recurso fundamental para gestionar
el procesos educativo pueda disponer de las condiciones materiales que le den
la paz de espíritu necesaria para acometer su labor libre de preocupaciones y
tormentos.
Una manera de dejar atrás las paralizaciones por demandas salariales en el
sector educativo, que podría ser extensiva al sector salud, podría ser la
adopción de un acuerdo de ley que establezca cual deber ser el salario ideal de
los maestros, y establecer que en cada presupuesto durante un periodo de tiempo
específico, los maestros recibirán un incremento al salario equivalente a la
inflación estimada del ano que cierra más un 5% al salario base, hasta alcanzar
el salario justo aproximado y a partir de ahí, ósea alcanzado el monto de
salario establecido, cada año se indexe el salario de médicos y maestros
aplicando un incremento equivalente a la inflación. Una medida como esta puede
garantizarse en el caso de la educación, debido a que los recursos para esta
son crecientes.
Loa maestros tiene el deber de educar, formar y orientar a sus
alumnos para hacerlos ciudadanos con los valores que requiere la nación
dominicana para perpetuarse en el tiempo, pero también tienen el derecho a ser
remunerados de manera justa y por lo tanto debe aplicarse una
medida que corrija en el tiempo los bajos salarios de los mismos, por lo
que no se debe olvidar que el maestro es un servidor que debe ser
protegido en su integridad y dignidad por los poderes públicos, de acuerdo con
nuestra Constitución política.
El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario