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Luis Abinader |
SANTO DOMINGO.- El aspirante
presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó
que la falta de voluntad de los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana ha neutralizado el papel de todas las instituciones que están
destinadas a controlar, fiscalizar y sancionar la corrupción administrativa.
Al llamar al presidente Danilo
Medina a reaccionar de manera responsable frente al grave problema de la
corrupción, el licenciado Abinader afirmó que a más de dos años de
gobierno, su administración no ha promovido la primera acción
ejemplarizadora contra los funcionaros corruptos de antes o de ahora.
Recordó al presidente Medina su
compromiso de ayudar a construir desde el poder una cultura de la honestidad y
de actuar contra la corrupción hasta por el simple rumor público. Dijo que en
un régimen presidencialista como el nuestro, la voluntad del presidente de la
República juega un papel fundamental en la orientación de las políticas
públicas.
“Si el Presidente no define una
voluntad para perseguir y sancionar la corrupción, no habrá forma de detener
una práctica que puede convertir a un funcionario de un modesto ciudadano de
clase media en un potentado multimillonario sin haberse sacado la Loto y
sin haber desarrollado una empresa exitosa, y tenemos cientos de ejemplos a la
vista de todos”, expresó Abinader.
El dirigente político habló sobre
el escándalo relacionado con la compra de los aviones Super Tucanos antes de
salir hacia el Estado de la Florida, donde agotará una apretada agenda
política.
Los Super Tucanos y la ley 340-06
El economista y empresario
consideró que el nuevo escándalo surgido en torno a la compra de los
aviones Super Tucanos, pudo haberse evitado si en el Estado Dominicano
existiera una real voluntad de enfrentar la corrupción pública.
“En el caso de la compra de
los aviones Super Tucano, la responsabilidad del Estado es mucho más
grave, ya que se trató de una transacción grado a grado en violación de la ley
340-06 o Ley de Contratación Pública, aprobada por el Congreso y
promulgada por el presidente Leonel Fernández en el año 2006”, apuntó el
dirigente opositor.
Sostuvo que la ley 340-06
establece claramente en sus principios y en varios articulados que las compras
de bienes y la contratación de servicios deben realizarse mediante
concursos y con la participación de diversos oferentes para que el Estado
tenga la oportunidad de seleccionar la oferta que más convenga al interés
de la administración.
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