Por Manuel Hernández Villeta/A Pleno Sol
Opinión |
El tema haitianos debe estar en la lista
de prioridades del gobierno para los venideros doce meses. En su primer año
después de la reelección, el presidente Danilo Medina dejó al lado diplomático
el tema haitiano. Se bajó la guardia en relación con otras jornadas.
A muchos les da la impresión de que el
gobierno tiene una mano demasiado floja cuando trata sobre la migración
haitiana. El problema es de amplio interés en la seguridad nacional, y tiene
que ser abordado en forma responsable.
Sin atropellos ni violaciones a los
derechos humanos, el gobierno tiene que hacer respetar la Constitución y las
leyes dominicanas, en el caso de esos emigrantes haitianos que se encuentra en
nuestro país de forma irregular.
Dentro del marco del respeto internacional
hay que hacer valer nuestro derecho territorial y nuestra soberanía. Poco
importan en este caso los deseos de los Estados Unidos de que se dé una
refundición entre los dos países. La República Dominicana es libre,
independiente y soberana, y ninguna potencia extranjera puede venir a dictar
normas de como defendemos lo nuestro.
La inseguridad es otro punto de
importancia en la agenda presidencial. A pesar de los esfuerzos hechos en los
pasados doce meses, la inseguridad se ha multiplicado. No puede terminar con la
ola de delincuencia una sola acción policial, sino que aparte de la represión
tienen que haber condicionantes sociales.
Los soldados y punta de lanza del crimen
organizado o individual salen de la marginalidad, del detritus social. La
mayoría de las prostitutas son muchachas humildes, residentes en los cordones
de miseria. Hay que acabar con las injusticias sociales y darle más al pobre,
para que se pueda subir un escalón en la lucha contra el crimen.
Con mejores condiciones sociales en los
barrios, elevando el nivel económico de los residentes en esos tugurios de
miseria y evitando la deserción escolar, se podrá ir controlando la
delincuencia.
Un hecho colateral de esa delincuencia son
los miles de madres adolescentes. Una niña que no sabe leer ni escribir con
un hijo y sin posibilidades de acceder a un empleo lucrativo, es echar levadura
al pan de la discordia social.
Continuar con la modernización de la
policía es una obligación de las autoridades. También el Ministerio Público
se debe adecuar a los tiempos presentes. Hay que llevar la confianza hacia la
justicia. Los jueces son soberanos e independientes, pero desde el Gobierno
central se puede jugar un papel trascendental en dar los pasos para hacer
de la justicia un organismo más creíble y limpio.
El país necesita dar un salto adelante. Si
no lo da se corre el riesgo de dar un traspiés hacia el vacío. Las instituciones nacionales todavía son de
cartón, y hay que hacerlas de hormigón y blindarlas. Es un trabajo en el que
debe participar todo el pueblo. Nadie
puede hacerlo solo. De ahí la importancia de que los gobernantes sepan mantener
el don de la concertación. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
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